Gallos

Varios sectores han reclamado que la industria de gallos representa una parte importante de la cultura y economía puertorriqueña. >Archivo/EL VOCERO

La clínica de Mason Law School y el bufete Consovoy McCarthy, ambos en Virginia, se unieron a la representación del Club Gallístico de Puerto Rico y la Asociación de Gallos Fino de Pelea, los cuales radicaron un “certiorari” ante el Tribunal Supremo federal a fin de revertir la prohibición de las peleas de gallos en la Isla.

Ayer el gobernador Pedro Pierluisi, anunció que su administración presentó un escrito ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos para comparecer como “amigo de la corte” en apoyo a la validez de las peleas de gallo y en defensa de la industria gallística.

Edwin Prado, quien es parte de la representación legal de los galleros, destacó que el bufete de Virginia tomó el caso pro bono.

“El argumento es cuestionar la cláusula del comercio interestatal. Y lo que este bufete y nosotros estamos tratando de hacer es ‘challenge’ (retar) las directrices previas del Supremo donde —con un mínimo de raciocinio— el gobierno federal tenía jurisdicción en legislar cosas que son estatales y nosotros lo que le estamos diciendo al Supremo es que esto es puramente estatal, el gobierno federal no cumple ningún objetivo de meterse en algo puramente local”, afirmó el abogado.

Ven oportunidad para retar decisión

Prado indicó que al bufete le interesó el caso porque entienden que es el pleito perfecto para retar.

“Ellos se interesaron en el caso porque entienden —igual que nosotros— que la súper mayoría —que es republicana— tiene la oportunidad de empezar a cuestionar si el gobierno federal está ‘over reaching’ (sobrepasando) su poder de reglamentar bajo la cláusula del comercio interestatal, algo que es puramente local y localmente es legal”, señaló el letrado.

Por su parte, el escrito presentado por el Procurador General de la Isla, busca demostrar que si bien el Congreso tiene el poder plenario sobre los territorios, ese poder está limitado por la cláusula del comercio interestatal para regular únicamente aquellas actividades que afectan el comercio nacional, y no tiene el poder para regular industrias puramente locales, como son las peleas de gallo.

El gobierno de Puerto Rico plantea que se violó la cláusula sobre el comercio interestatal y que el Congreso actuó de forma discriminatoria bajo la cláusula de los territorios.

El gobernador Pierluisi añadió que la industria de gallos representa una parte importante de la cultura y economía puertorriqueña, que se lleva practicando en la Isla hace más de 200 años y genera sobre 20,000 empleos directos e indirectos, y que por tal razón, arreciará la defensa de la industria gallística en contra de la prohibición federal del deporte del pico y las espuelas.

“La industria de peleas de gallos, la cual genera empleos y produce actividad económica en Puerto Rico, forma parte de nuestra cultura e historia. Voy a continuar haciendo valer el compromiso, plasmado en nuestra plataforma de gobierno, de dar la lucha en todos los foros necesarios a favor de la validez de las peleas de gallos en Puerto Rico”, sostuvo Pierluisi en declaraciones escritas.

El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito con sede en Boston, confirmó la decisión del juez federal Gustavo Gelpí, de que se mantengan prohibidas las peleas de gallo en Puerto Rico.