Las autoridades federales arrestaron esta madrugada a un primer grupo de 12 personas, acusadas por participar en un esquema para defraudar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para la obtención de beneficios del Programa de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés), el cual ocasionó pérdidas en $419,000.

La información falsa presentada incluía números de Seguro Social falsos e información laboral falsa.

“Los acusados participaron en una conducta engañosa diseñada para obtener de manera fraudulenta varios cheques de desempleo del Departamento del Trabajo, mediante el uso del número Seguro Social falsos”,  señaló el fiscal federal Stephen Muldrow en una rueda de prensa.

Muldrow

El fiscal federal Stephen Muldrow. >Brandon Cruz González/EL VOCERO

Diez acusaciones imputan a nueve personas el robo de dinero del gobierno y fraude postal. El grupo recibió los beneficios de desempleo por correo, en forma de cheques a sabiendas de que no estaban autorizados a recibirlos.

Una de las acusadas es Millisen Martínez Medina, quien recibió $54,870. Esta enfrenta ocho denuncias junto a ocho coacusados. En total fue acusada por 33 cargos por fraude postal, nueve por robo de dinero federal, nueve por mal uso del Seguro Social y dos cargos por robo de identidad agravada. 

Luis A. Flores Díaz, compañero consensual de Martínez Medina, recibió $20,910. Enfrenta tres cargos por fraude postal y un cargo por robo de dinero.

Jonathan Rivera Gutiérrez recibió $44,148 y enfrenta cuatro cargos por fraude postal y un cargo por robo de dinero. Jennifer Hernández Romero recibió $36,222 y enfrenta cinco cargos por fraude postal y un cargo por robo de dinero. Mary L. Benítez Ortiz, recibió $20,910 y enfrenta tres cargos por fraude postal, un cargo por robo de dinero.

Daniel Colón Díaz recibió $68,250 y enfrenta seis cargos por fraude postal y un cargo por robo de dinero. Luis Cruz Reyes recibió $64,992 y enfrenta ocho cargos por fraude postal y un cargo por robo de dinero. Gabriel Robles Guzmán recibió $33,030 y enfrenta tres cargos por fraude postal y un cargo por robo de dinero. Denisse Sánchez Ortiz recibió $23,172 y enfrenta dos cargos por fraude postal y un cargo por robo de dinero.

Muldrow comentó que estas investigaciones comenzaron en su oficina, luego de recibir información de la inspectora general Ivelisse Torres Rivera. “Gracias a la Oficina del Inspector General de Puerto Rico y su personal hoy estamos informando el primer grupo de casos a nivel federal de fraude al PUA”, acotó Muldrow. 

Fraude al PUA

Conferencia de prensa sobre arrestos por fraude al PUA. >Brandon Cruz González/EL VOCERO

En otra acusación, los imputados José Daniel Le Hardy Figueroa, quien es empleado del Servicio Postal y Christoffer Pérez Vélez, enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude postal, fraude postal y robar $11,388 en fondos federales.

“Los acusados se pusieron de acuerdo para fraudulentamente solicitar beneficio por desempleo al Departamento del Trabajo diciendo que Le Hardy Figueroa era un barbero desempleado, cuando en realidad es un cartero empleado por el Servicio Postal de Estados Unidos y estaba trabajando”, señaló Muldrow.

El último pliego es contra Félix Cruz Santana, quien recibió $29,970 y enfrenta cuatro cargos por fraude postal y un cargo por robo.

“Quiero enviar un mensaje para aquellas personas que sepan de otros que han incurrido en este tipo de esquemas y todavía no los hemos acusado: llamen a las autoridades y hagan la denuncia… como les he recomendado en ocasiones anteriores, comuníquense con las agencias de ley y orden y provean voluntariamente su información. Mientras más pronto hablen, menores serán las consecuencias que usted y su familia puedan sufrir”, advirtió el fiscal.

Los acusados enfrentan un cargo por confiscación del dinero que recibieron, por lo que tienen devolverlo.

De ser hallados culpables, enfrentan sentencias de 20 años por fraude postal y conspiración para cometer fraude postal; 10 años de prisión por robo de dinero; cinco años de cárcel por uso indebido del número del Seguro Social; multas de hasta $250 mil y tres años de libertad supervisada.

Martínez Medina enfrenta una condena en prisión obligatoria de dos años por el robo de identidad agravado.