Nydia Cotto Vives

Nydia Cotto Vives, presidenta del Panel sobre el PFEI.

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) nombró a Crisanta González Seda a cargo de la pesquisa preliminar sobre las actuaciones de varios funcionarios y exfuncionarios públicos sobre la compra fallida por $38 millones en pruebas rápidas para detectar el Covid-19 a la empresa Apex General Contractors.

González Seda fue la fiscal que estuvo a cargo del caso contra Lydia Echevarría, convicta por el asesinato del presentador de televisión Luis Vigoreaux. También fue jueza superior y en un momento dado, presidió el Pfei.

Por su parte, el presidente de la comisión de Salud, Juan Oscar Morales, se expresó satisfecho con la decisión de la Opfei.

"Estábamos claro de que la investigación que nosotros habíamos hecho estaba debidamente fundamentada y los señalamientos que hicimos están más que documentados y nosotros lo que pretendíamos con el referido es que se evaluara si en efecto eso ameritaba la asignación de un FEI y hoy (ayer) se ha validado que la investigación fue seria y que ahora estamos en la espera de la investigación que haga esta fiscal”, indicó Morales.

Dijo que está trabajando para poder radicar la semana que viene el segundo informe de este caso.

La Comisión cameral de Salud, llevó a cabo un proceso de vistas públicas sobre la adquisición de las pruebas, rindió un informe parcial y refirió a la Opfei a la exsecretaria interina de Salud Concepción Quiñones de Longo, al general José Burgos Vega, comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; a Adil Rosa Rivera, secretaria Auxiliar de Administración del Departamento de Salud; a Mariel Rivera Rivera, requisidora en el Departamento de Salud como parte del programa federal “Crisis Program Management Office” y a Diana Meléndez Díaz, directora Interina de la Oficina de Compras y Subastas del Departamento de Salud.

De acuerdo al informe del comité legislativo, Burgos, posiblemente cometió perjurio al testificar el 8 de abril ante la Comisión de Salud. Menciona además que alegadamente Burgos actuó de manera negligente en violación del Código Penal y que violentó varios artículos de la Ley de Ética Gubernamental.

Respecto a Meléndez Díaz, el informe detalla que esta pudo haber sido negligente en el cumplimiento de su deber conforme al Código Penal y la Ley de Ética Gubernamental.

De igual manera, el informe refiere a Quiñones de Longo ante la posible negligencia en el cumplimiento de su deber conforme al Código Penal, la Ley de Ética Gubernamental, a la Ley de Contabilidad del Gobierno y al Código Civil.

En cuanto a Rosa Rivera y Rivera Rivera, ambas pudieron haber infringido en violaciones ala Ley de Ética Gubernamental, la Ley de Contabilidad de Puerto Rico y al Código Civil "posiblemente violentando, en múltiples instancias, lo que constituyen las funciones y deberes que acarrean sus cargos”.

El informe legislativo detalla que Rosa también incumplió al momento de prestar su testimonio con las instrucciones impartidas por comisión cameral.