Gustavo Gelpí

El juez Gustavo Gelpí preside el Tribunal federal en la Isla.

El juez federal Gustavo Gelpí advirtió al gobierno de Puerto Rico sobre la designación de un síndico en el caso del Programa de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual (PSPDI) del Departamento de Salud, luego de registrase un patrón en la reducción en el presupuesto para la prestación de los servicios de esta población, en contravención de las órdenes judiciales.

“Esta corte está inclinada en nombrar a un síndico o un comisionado especial para vigilar los fondos mensualmente”, advirtió la orden de Gelpí.

El juez observó que ha insistido en que el presupuesto del DSPDI no puede reducirse ni restringirse de ninguna manera que pueda causar la interrupción de los servicios críticos, “lo que pudiera poner en peligro la salud, la seguridad y el bienestar de la población más vulnerable en este caso”.

Señaló que recientemente, el monitor de este caso, Alfredo Castellanos alertó al Tribunal sobre un asunto sistemático relativo al uso del presupuesto ordenado y protegido por el Tribunal para el DSPDI.

Menciona que desde el año fiscal 2015-2016 hasta el año fiscal 2018-2019, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), no utilizó un total de $ 8,700,000 del presupuesto del DSPDI.

“Peor, el LA no informó al Tribunal ni al Departamento de Justicia federal sobre el asunto, a pesar de haber sido enfático en que el presupuesto antes mencionado debía ser protegido”, afirma.

Apunta que está aún “más preocupado” por el hecho de que en el año fiscal 2017-2018, el DSPDI solicitó un presupuesto de solo $ 37,100,000, el cual fue casi $ 2,000,000 menos que el presupuesto ordenado por la corte, que debe ser de $39,050,000.

Destaca que para el año fiscal actual, el ELA solicitó un presupuesto de aproximadamente $ 4,000,000 menos que el ordenado por el Tribunal.

“El ELA no tiene la discreción de perjudicar los recursos ordenados por la corte, destinados a proteger y mejorar el bienestar de la población. Si la Corte hubiera sido informada de la situación de manera oportuna y responsable, se podrían haber tomado medidas para garantizar que el 100% de los recursos incluidos en el presupuesto ordenado se hubieran utilizado para proporcionar servicios esenciales a todos los participantes”, acotó.

Advirtió que la corte se ve obligada a tomar medidas preventivas para garantizar que los fondos asignados a la DSPDI se utilicen adecuadamente.

Por lo que ordenó que el ELA presente una declaración, bajo pena de perjurio, informando: la razón por la cual el presupuesto asignado para el DSPDI no se ha utilizado en su totalidad en los años fiscales 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019.

De igual forma, la razón por la cual ni la corte, ni el monitor, ni el Departamento de Justicia federal fueron informados de la situación y una explicación sobre dónde terminaron finalmente los fondos no utilizados.

A su vez, la razón por la cual la corte no debe tomar medidas para garantizar que los fondos DSPDI sean utilizados para proporcionar adecuadamente todos los servicios que requieren los participantes y para garantizar que la situación actual no vuelva a ocurrir.

El ELA tiene 30 días para proporcionar al monitor y al Departamento de Justicia la información solicitada.

Después de que el ELA presente su respuesta, el Departamento de Justicia federal tendrá 20 días para responder a las explicaciones del gobierno estatal.

Posteriormente, la corte determinará si se justifica una vista de mostrar causa con respecto a los asuntos anteriores.

Además, el Tribunal ordena al monitor a proporcionar una copia de esta orden a la Junta Federal de Control Fiscal y a los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico.

El 21 de abril de 1999 la división de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó al ELA para vindicar los derechos constitucionales de ciudadanos con discapacidad intelectual.

El 19 de octubre de 2011 las partes llegaron a un acuerdo en el que el gobierno estatal asigna un presupuesto de entre $35 a $40 millones anuales para la prestación de servicios para esta población.