Gustavo Gelpí

El juez Gustavo Gelpí preside el Tribunal federal en la Isla.

El juez federal Gustavo Gelpí y el Departamento de Justicia de Estados Unidos concluyeron que la Junta Federal de Control Fiscal no es la responsable de la crisis presupuestaria del Programa de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual (Pspdi) del Departamento de Salud, sino que ha sido el gobierno de Puerto Rico el responsable de los malos manejos de los fondos asignados para los participantes.

“El Tribunal sostiene que la Junta no es la causa, ni es responsable de ninguna manera por el desvío de fondos del Pspdi. Por el contrario, las acciones de la Junta en el futuro son cruciales para el cumplimiento de las obligaciones sacrosantas del ELA con todos los participantes. Cualquier futura culpa a la Junta será irresponsable y sin respaldo”, afirmó el juez.

En los últimos meses Gelpí ha regañado en múltiples ocasiones al Estado Libre Asociado (ELA), por el empleo de los fondos destinados al programa. Particularmente, por el mal uso de unos $20 millones en los últimos años.

Tanto Gelpí como el abogado de la División Civil del Departamento de Justicia federal Richard Farano, afirmaron que el ELA ha ignorado las órdenes de la corte y que “barrió millones de dólares del Pspdi al fondo federal”.

Observó que el ELA admitió que “no vio la necesidad” de informar al Tribunal Federal sobre la transferencia de los fondos del Pspdi al fondo general al alegar que estaba cumpliendo con la ley estatal.

“El ELA mantuvo a la corte y al gobierno de Estados Unidos en la oscuridad, lo que nos llevó a creer que estaba utilizando completamente los fondos asignados para pagar los servicios y apoyos para los participantes, Sin embargo, en realidad, estaba desviando silenciosamente millones de dólares del Pspdi al fondo general al final de cada año sin alertar a la corte”, reza la moción de Farano.

Afirman que fue el gobierno de Puerto Rico y no la Junta Federal de Control Fiscal la que impuso restricciones presupuestarias al programa.

Expone que la Junta Federal de Control Fiscal comenzó a certificar los presupuestos del ELA a partir del año fiscal 2018.

Destaca que la Junta no ha exigido reducciones, ni ha impuesto restricciones al presupuesto del Pspdi.

“La Junta aclaró que simplemente certificó el presupuesto general del Departamento de Salud y que no certificó el Pspdi, ni ningún otro presupuesto, ya que los presupuestos certificados no incluyen asignaciones detalladas de partidas especificas del programa”, indica el documento.

Detalla que la Junta le informó a la corte que desde los años fiscales 2015-2019 unos $13.4 millones originalmente asignados para el Pspdi, que fueron utilizados por el Departamento de Salud y para otros fines.

Gelpí acogió las recomendaciones hechas por la Junta Federal de Control Fiscal para el empleo del presupuesto. Estas son: eliminar la retención que puede proporcionar una mayor flexibilidad para permitir que el programa use todos sus fondos asignados cuando sea necesario durante todo el año fiscal; que se asigne una partida separada para proporcionarle mayor independencia y flexibilidad “al eliminar enredos burocráticos y la necesidad de solicitar aprobaciones innecesarias para solicitudes de gastos”.

Asimismo, que el programa presente una propuesta de financiamiento mejorado para satisfacer las necesidades de los participantes.

El juez informa que la Junta ha tomado las medidas adecuadas para facilitar la financiación futura del programa.

El 21 de abril de 1999 la división de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó al ELA para vindicar los derechos constitucionales de ciudadanos con discapacidad intelectual.

El 19 de octubre de 2011 las partes llegaron a un acuerdo en el que el gobierno estatal asigna un presupuesto de entre $35 a $40 millones anuales para la prestación de servicios para esta población.

Actualmente, el programa cuenta con 141 participantes.