Carlos Mellado
Secretario de Salud, Carlos Mellado >Carlos Rivera Giusti/EL VOCERO

El juez federal Gustavo Gelpí ordenó al entrante secretario de Salud Carlos Mellado, a reunirse con el monitor del caso federal del Programa para Personas con Discapacidad Intelectual (Ppdi), Alfredo Castellanos y representantes de la división de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos, para discutir sobre el cumplimiento pendiente y el incumplimiento del acuerdo aprobado en el 1999.

Asimismo, deben conferir sobre asuntos de institucionalización, polifarmacia y el incumplimiento del Ppdi —adscrito al Departamento de Salud— con la información solicitada por Castellanos y su equipo.

“Durante el año pasado, el modus operandi del Estado Libre Asociado (ELA), en este caso se caracterizó profundamente por sus repetidos intentos de desafiar la autoridad del monitor como funcionario de la Corte federalmente delegado, así como por cuestionar casi todas las recomendaciones hechas por el equipo del monitor, expertos médicos y sanitarios aprobados”, sentenció Gelpí.

El juez mencionó que la abogada del gobierno de Puerto Rico Laura Solá Palacios, culpó directamente al equipo de Castellanos por sus recomendaciones en relación con los contagios por el Covid-19 y que resultaron en la muerte de uno de los participantes.

“Esta fue la última gota. El ELA está bajo supervisión federal en virtud de un decreto de consentimiento firmado con los Estados Unidos en 1999, enmendado a lo largo de los años. Ni la Corte ni su monitor son responsables de las violaciones sistémicas por parte del ELA de los sacrosantos derechos constitucionales y estatutarios federales de los varios cientos de participantes con discapacidad intelectual en este caso. De hecho, hasta la fecha, el cumplimiento del decreto de consentimiento no está ni cerca del horizonte, como el propio ELA reconoció hace algunos años al acordar que la jurisdicción de supervisión de la Corte debe continuar”, apuntó Gelpí.

Recordó que el año pasado la Corte consideró encontrar al ELA en desacato por haber “barrido” al menos veinte millones de dólares en fondos del programa durante cuatro años.

“En consecuencia, es el ELA el que necesita reenfocar su estrategia de cumplimiento en 2021, así como tomar todas las medidas afirmativas para, en primer lugar, satisfacer al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de que no está violando el decreto de consentimiento del que ambos gobiernos son partes. La Corte no dudará en tomar medidas correctivas adicionales a las ya tomadas en 2020. Esto, por supuesto, puede evitarse si tanto el gobierno federal como el ELA acuerdan una solución rápida y eficaz… Por lo tanto, la razón por la cual el Tribunal ordenó una reunión que debería tener lugar a más tardar a principios de febrero de 2021”, acotó Gelpí.

En 1999 la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal demandó al ELA por violaciones a los derechos de los participantes del Ppdi.

El juez Gelpí agradeció al monitor federal por su disposición para atender los señalamientos contra el Ppdi.

“Los servicios que brinda el Estado, y más aún los servicios de salud no pueden verse afectados por situaciones contenciosas. Este caso lleva mucho tiempo y sus fracasos lo sufren nuestra población con discapacidad intelectual”, expresó.

“El compromiso del gobernador electo y el mío es el atender el asunto en beneficio de esa población usando los recursos en servicios y no en litigación innecesaria. Me concentraré en los servicios que necesitan y tienen derecho los participantes en cada uno de los programas que administra el Departamento de Salud”, concluyó.

EL VOCERO solicitó una reacción de Mellado y al cierre de esta edición no se produjo.