Soldados

La investigación a miembros de la Guardia Estatal de Puerto Rico está a cargo de la fiscal federal Myriam Fernández. >Suministrada

Un gran jurado federal ha sesionado en relación a la pesquisa sobre presuntas actividades de recaudación de donativos políticos por parte de miembros de la Guardia Estatal de Puerto Rico, informaron fuentes de EL VOCERO.

En enero del pasado año este medio reseñó que las autoridades federales investigaban estas actividades.

La investigación se centra en los donativos de miembros de la Guardia Estatal a políticos del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD), a cambio de nombramientos de alto nivel en ese cuerpo militar.

“El caso está avanzado”, manifestó una de las fuentes.

La pesquisa es realizada por la Criminal Investigation Division (CID) del Departamento de la Defensa de Estados Unidos, con el apoyo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

La investigación está a cargo de la fiscal federal Myriam Fernández, quien llevó el caso contra el exalcalde de Yauco, Abel Nazario, quien fue encontrado culpable por un jurado en marzo pasado por presentación de declaraciones falsas en relación a la nómina de los empleados municipales.

Este rotativo supo que se ha entrevistado a integrantes de la Guardia Estatal, un cuerpo militar que es supervisado por la Guardia Nacional de Puerto Rico.

De igual forma, las autoridades revisaron los informes sobre donativos de campaña de políticos del PNP y del PPD.

De acuerdo con las fuentes, hace algún tiempo miembros de la Guardia Estatal, celebraron actividades de recaudación de fondos en diferentes partes de la Isla. Una de ellas fue en una residencia en Cupey.

Asimismo, indicaron que un allanamiento efectuado por el FBI el pasado 24 de septiembre está relacionado a este caso.

EL VOCERO supo que sobre 10 miembros de la Guardia Estatal son blanco de esta pesquisa federal. Como parte de este caso, las autoridades federales han emitido “subpoenas” para requerir documentos.

Otra investigación

De otra parte, las autoridades han indagado sobre el traslado indebido de un generador eléctrico en medio de la crisis tras el huracán María a la residencia de una amiga del comandante de la Guardia Estatal, Héctor Vázquez Rivera, según había informado a este diario el coronel Gelabert Monserrate.

El oficial militar dijo a este diario que fue entrevistado por las autoridades federales hace unos meses.

El martes pasado la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) radicó una querella contra Vázquez Rivera y solicitó una multa de $20,000 por este incidente.

La querella indica que Vázquez Rivera instruyó al personal de la Guardia Estatal de Canóvanas a que llevaran la planta eléctrica a una residencia en Trujillo Alto, que resultó ser la vivienda de una amiga suya, compañera de trabajo en la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA).

El 3 de octubre de 2017, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) del Departamento de Seguridad Nacional en Aguadilla le prestó a la Guardia Estatal un generador eléctrico marca Champion. El equipo había sido asignado para ser utilizado como respaldo en el área de preparación regional de la Guardia Estatal, ubicada en la antigua Base Ramey en Aguadilla.

Vázquez Rivera ha rechazado a este rotativo que haya incurrido en actos ilegales.

El entonces ayudante general de la Guardia Nacional, Isabelo Rivera, renunció en febrero del pasado año tras surgir información de la pesquisa federal a la Guardia Estatal. Rivera indicó en ese entonces que salía de su cargo por razones personales.

EL VOCERO solicitó una reacción a la Guardia Estatal, pero al cierre de esta edición no se había producido.