En momentos en que la Policía despidió alrededor de 500 empleados, entre transitorios y reservistas, y en los que se elabora un plan para enfrentar una reducción en la jornada laboral, el pago de horas extras a los agentes asignados a las escoltas sigue creciendo de forma escandalosa.

Como resultado de una evaluación que realiza la Uniformada del desembolso excesivo, se detecta la compensación adicional que ha recibido el sargento Ángel Figueroa Moctezuma, encargado de la escolta del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez. Entre enero y mayo, Figueroa Moctezuma devengó alrededor de $25,000 en tiempo extra, una suma exenta de contribuciones.

En una situación similar está el teniente Jaime Cosme Oliver, a cargo de la escolta de la superintendente Michelle Hernández. Entre enero y mayo, Cosme Oliver recibió alrededor de $16,500 en tiempo extra. Aunque su centro de trabajo asignado es el Cuartel General en Hato Rey, presuntamente formaliza su entrada y salida de la jornada diaria en el área policíaca de Ponce, hasta donde viaja en un auto oficial.

De igual forma, durante los primeros meses del año la Policía ha hecho pagos extraordinarios de $15,000 o más a miembros de la escolta del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. Además de sus salarios como miembros de la Uniformada y del pago de horas extras, esos agentes reciben una compensación mensual que fluctúa entre $1,000 a $1,500, partida que paga el Senado.

Mientras, el superintendente asociado de la Policía, Henry Escalera, confirmó que por solicitud de varios legisladores se le encomendó recopilar la información sobre el pago de tiempo adicional. Escalera no reveló cuáles han sido los hallazgos que confirmarían que varios oficiales y agentes han facturado hasta cerca de 300 horas extras por mes, periodo que la agencia paga a tiempo y medio. De ese dinero adicional, solo se retiene del cheque menos de un 2% para el pago de Medicare.

Escalera citó a los encargados de las escoltas a una reunión con carácter urgente, incluyendo a los que supervisan la seguridad de los exgobernadores y de la comisionada residente Jenniffer González. En el caso de la comisionada, se alega que cuando ella se encuentra en funciones en Washington sus escoltas no se reportan a la Oficina de Seguridad y Protección de la Policía, por lo que quedan sin supervisión.

La ausencia de controles estrictos es otro de los señalamientos que se repite con los agentes destinados a proteger a los exgobernadores.

Múltiples gestiones de entrevista con la superintendente hechas por EL VOCERO fueron infructuosas, alegando su portavoz, Axel Valencia, en todas las ocasiones que la funcionaria no estaba disponible. La más reciente de las solicitudes fue anoche tras este rotativo recibir una llamada de Elliot Rivera, asesor de comunicaciones de la Policía.

Ajustes en los servicios

Por otro lado, los recortes en el presupuesto de la Policía ya comenzaron a afectar varios servicios. Por la falta de personal, se espera que el proceso para solicitar licencias de armas de fuego tarde más. La expedición de certificados de buena conducta también podría verse afectada.

Como resultado de las medidas de ajustes, los servicios de mantenimiento en el Cuartel General fueron reducidos. También la Policía canceló el contrato de $12,500 mensuales que tenía con el Municipio de San Juan para el uso del estacionamiento del Coliseo Roberto Clemente para autos de empleados y vehículos oficiales.

De igual forma, luego de semanas en las que EL VOCERO ha requerido la información, todavía ayer no se sabía cuántos agentes y oficiales viajan a sus hogares en automóviles oficiales de la Policía, lo que es una violación de ley.

Mientras se investiga el excesivo pago de horas extras, es cada día mayor la reducción de agentes y oficiales en los cuarteles, principalmente fuera del área metropolitana, donde los turnos son atendidos por un retén y un policía. En contraste, el número de escoltas sigue creciendo.

Tras la conclusión del pasado año fiscal, la superintendente Hernández sostuvo que la Policía no economizó dinero con la cesantía de empleados transitorios y reservistas porque, al ser por contrato, no estaban contemplados en el nuevo presupuesto.

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