Departamento de Justicia

Sede del Departamento de Justicia. >Josian E. Bruno Gómez/EL VOCERO

Mientras el Departamento de Justicia mantiene su hermetismo sobre la pesquisa de fraude al programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) —presuntamente cometido por unos 40 estudiantes del Colegio San Ignacio de Loyola—, siguen aumentando las querellas relacionadas con alumnos de otras escuelas públicas y privadas que presuntamente incurrieron en la misma práctica.

“El caso es complicado, hay que examinar los expedientes de las solicitudes, en su mayoría menores, y después allanar cuentas bancarias”, dijo una fuente de Justicia.

Otras fuentes señalaron que la procuradora de Menores, Marisol Flores, es quien está investigando el grueso de los casos de San Ignacio y que en medio de la pesquisa siguieron llegando querellas de estudiantes de prácticamente todo Puerto Rico y ya son cientos los sospechosos.

En la tarde de ayer, Justicia dijo mediante declaraciones escritas que “la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, en coordinación con las 13 fiscalías, se encuentran investigando toda querella relacionada a los fondos de desempleo del programa de Asistencia de Desempleo Pandémico, conocido por sus siglas como PUA, que se nos han referido del Negociado de la Policía de Puerto Rico y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos”.

Agregó que “con la colaboración de los agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico, nuestros fiscales radicarán los casos en cuanto se haya recopilado toda la evidencia necesaria”.

El pasado 3 de agosto la secretaria de Justicia, Inés Carrau, expresó por escrito —a pedido de EL VOCERO— que “el fiscal o el procurador de Menores, en los casos en que se investigue una falta, son los funcionarios que tienen la responsabilidad legal de investigar y procesar a las personas que cometen delitos o faltas, según sea el caso, en la jurisdicción de Puerto Rico. De tal manera, tienen la discreción de determinar cómo va a desarrollar cada una de esas investigaciones”.

Carrau dirige Justicia desde el pasado 9 de julio.

Múltiples casos por examinar

Fiscales consultados por este rotativo señalaron que hay muchos casos de fraude y expedientes a examinar, que también incluyen a empleados públicos y personas que mintieron para poder cualificar al beneficio del programa PUA.

Entre el 14 de julio y el 31 de agosto, 54 personas han sido intervenidas intentando cambiar cheques obtenidos fraudulentamente con licencias falsas. La División de Robos a Bancos de la Policía ha frustrado el cambio de cheques por un monto de $296,952.

Solo tres de los intervenidos han sido acusados.