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Informe federal revela caos en instituciones juveniles

Destapa deficiencias e incidentes que ponen en peligro la seguridad de los internos

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Prisión

Incidentes de automutilación, intentos de suicidios, agresiones entre internos con cuchillas de afeitar, golpes a oficiales de custodia, intentos de escapar y reducción de personal son varios de los señalamientos contenidos en un informe sometido por Kimberly Tandy, monitora federal en el caso de violación de derechos civiles; caso radicado en 1994 por el Departamento de Justicia estadounidense contra la Administración de Instituciones Juveniles del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Este caso —al igual que el de Morales Feliciano, el de Discapacidad Intelectual y el de la Reforma de la Policía, entre otros— tiene un monitor asignado por el Tribunal Federal para supervisar el cumplimiento del gobierno de Puerto Rico. El informe de Tandy cubre el periodo del 1ro de abril al 30 de junio pasado.

El informe destaca que en el segundo trimestre del año se han registrado unos 10 incidentes “perturbadores”relacionados con la seguridad de los jóvenes durante semanas o en, algunos casos, durante meses. Denunció que su oficina no ha sido informada de forma inmediata cuando ocurren incidentes graves en las instituciones. Precisó sobre un incidente de intento de suicidio que no fue revelado a su equipo de trabajo hasta que un experto en salud mental entrevistó al joven. Uno de los incidentes es relacionado a un interno del programa PUERTAS.

“Faltas graves” del personal

La investigación del evento reflejó una falta grave por parte de numerosos miembros del personal, lo que permitió que el joven consumiera una gran cantidad de sus medicamentos. Hubo hallazgos también de demoras en la evaluación y tratamiento médico, así como de alteración de los registros y otras violaciones a la política del programa.

“Este joven se ha deteriorado física y mentalmente y ha sido hospitalizado a finales de mayo. Requerirá que sea ubicado en un programa de rehabilitación y no será devuelto al programa por parte de la corte juvenil”, señala el documento. Destaca que la hospitalización resultó en la automutilación que requirió 15 puntos de sutura en su brazo “presuntamente bajo supervisión constante”. Se indica que el joven no pudo asistir a una cita con su neurólogo porque no había el personal para transportarlo.

Otro incidente que se menciona es el de un joven que trituró varias píldoras y las ingirió en un jugo. En la habitación habían otros jóvenes que bloquearon la puerta con un par de pantalones para cubrir el olor a marihuana que había en el lugar. Cuando el personal de la institución se percató de la situación, el joven estaba temblando en la cama y tenía marcas rojas en su cuello y manos. El perjudicado fue atendido en la institución penal y posteriormente trasladado al Hospital San Cristóbal, donde se le tomó una muestra de sangre y se bombeó su estómago.

Tandy mantiene que este incidente plantea interrogantes sobre los niveles de capacitación del personal al no notar que varios jóvenes estaban en una habitación junto con otro que había sido drogado, así como la falta de intervención oportuna.

En un tercer incidente un joven desgarró su pene con una cuchilla de afeitar en el área de la ducha y luego intentó tirar el arma por un inodoro. El joven estuvo 45 minutos en el área de las duchas. Fueron varios internos quienes informaron el incidente al personal. El escrito indica que el oficial que estaba a cargo de nueve jóvenes estaba solo. Este fue visto por las cámaras de vídeo como abandonando la unidad en varias ocasiones y permaneciendo por un largo periodo fuera del módulo. El oficial restante estaba sentado en los sillones frente al televisor, dando la espalda al área del baño.

En un cuarto incidente, un joven fue agredido por un grupo de internos con un objeto punzante. El muchacho intentó defenderse con otro objeto punzante y varios internos resultaron heridos.

El efecto de los cierres

De otra parte, se notifica sobre el cierre de varias de las instituciones de menores, quedando solo dos.

Indica que tras el cierre de Humacao, unos 130 empleados fueron reasignados a otras instituciones. Las mismas absorbieron a los jóvenes sin suficiente personal para garantizar el cumplimiento con el acuerdo que establece que se mantenga un ambiente seguro para los jóvenes.

Faltan oficiales y supervisores

“Se ha determinado que ambas instalaciones necesitan 29 nuevos oficiales y cuatro o cinco supervisores cada una”, reza el memorando.

En mayo el monitor se reunió con el personal clave del Departamento de Corrección y Rehabilitación para discutir la implicación presupuestaria y para acordar un proceso para contratar el nuevo personal.

De acuerdo al informe, se mantienen en operación las instituciones de Ponce y Villalba. “Las disposiciones de personal y su clasificación, en su mayor parte han bajado de cumplimiento parcial a incumplimiento”, detalla el informe. Precisa que hasta la fecha, Villalba no tiene cámaras de vídeo en funcionamiento.

Menciona el uso de gas pimienta por parte del personal de seguridad. “La monitor y su equipo han identificado cinco áreas de preocupación que están impactando (la) seguridad y que requieren atención inmediata. Se detallaron en un memorando a las partes la discusión y se presentaron a la corte durante el tercer trimestre junto con un plan de acción. Estos problemas incluyen la escasez crítica de personal que resulta en incumplimiento; problemas de clasificación que resultan en incumplimiento; escasez de personal psiquiátrico, inquietudes con respecto al aislamiento y la necesidad de una mayor notificación de incidentes de manera oportuna a la oficina de la monitora”, reza el documento.

EL VOCERO solicitó una reacción al Departamento de Corrección y Rehabilitación y al cierre de esta edición aún no se había producido.

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