Uso excesivo de fuerza, incumplimiento con las políticas de uso de agentes químicos, falta de entrenamiento de los agentes y serias fallas en la documentación de eventos son algunos de los hallazgos en el informe sobre los incidentes violentos ocurridos durante el pasado paro nacional del 1 de mayo.
El documento de 80 páginas, preparado por el agente especial retirado José Pujol, expone que la Policía de Puerto Rico “actuó en completa indiferencia” a las recomendaciones que él realizó sobre el primer paro nacional del 1 de mayo de 2017 en la Milla de Oro, en Hato Rey.
A pesar de reconocer que la respuesta de la Uniformada a la violencia perpetrada por un grupo de manifestantes –en su mayoría encapuchados– era una “reacción razonable”, el informe plantea que los agentes fallaron en informar a las personas “encajonadas” en la Avenida Ponce de León, que lanzarían agentes químicos.
“La evidencia mostró que la Policía de Puerto Rico falló completamente, al igual que lo hizo en las demostraciones de 2017, en cumplir con sus políticas previo al uso de agentes químicos y municiones no letales contra manifestantes, al no proveer información repetitiva vía altoparlantes sobre: 1) las violaciones que estaban cometiendo; 2) informándoles sobre las órdenes de dispersión; 3) e informándoles sobre las rutas a tomar para salir del área”, detalla el informe.
Uso excesivo de fuerza
El documento expone tres incidentes principales en que los agentes “abusaron” de la fuerza. En primera instancia, presentan las denuncias de un vendedor de agua que fue abatido con municiones no letales “a corta distancia” en la Ponce de León, pese a que no presentó resistencia y solo intentaba salir del área.
También se plantea el caso en que un agente de la División de Armas y Tácticas Especiales (SWAT) roció con gas pimienta el rostro de una mujer denominada “Sujeto K” a corta distancia. “La evidencia muestra que esta persona no representó amenaza, riesgo a la propiedad o la seguridad de algún oficial”, señala.
Por último, menciona el incidente en que un agente agredió a un reportero mientras intentaba cubrir un incidente. “La evidencia muestra que el reportero se identificó correctamente y estaba siguiendo las instrucciones del agente cuando fue golpeado con un bastón en la espalda por otro agente de la Policía”.
Fallas en documentación
Por otro lado, el documento señala que la evidencia provista por el Negociado de la Policía sobre los eventos de uso de fuerza fue “gravemente inadecuada”, pues solo se presentaron cuatro “Reportes sobre Uso de Fuerza” (PPR-854), a pesar de la “gran cantidad de instancias” que involucraron este acontecimiento.
“Durante la evaluación del evento del 1 de mayo de 2017, esta falta de cumplimiento con la Orden General también fue abordada, y se dieron recomendaciones. Por consiguiente, la presente falta de cumplimiento es vista como más pobre que los esfuerzos de documentación de los eventos de 2017”, denuncia.
El informe ordenado por el juez presidente del Tribunal Federal, Gustavo Gelpí, plantea además que ninguno de los cuatro reportes PPR-854 presentados por la Policía hace referencia a los arrestos que se dieron en Santa Rita, Río Piedras.
“Esto es completamente inaceptable”, advierte.
Nombrado Henry Escalera
El informe investigativo halló que el Comisionado de la Policía, Henry Escalera, fue quien dio la orden para que la línea de agentes que bloqueaba el acceso a la Avenida Ponce de León se disipara para permitir acceso a un grupo de manifestantes.
Este grupo, que salió del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico hacia la Milla de Oro y se encontró con la manifestación en el Departamento del Trabajo, se distanció de la ruta trazada con la Policía una vez encontraron la barricada de agentes frente al edificio de Liberty. Allí, exigieron el paso a la Avenida.
Aunque se había mencionado que la orden para mover la línea de agentes vino de La Fortaleza, Escalera confirmó que fue él quien decidió romper el tranque, como una decisión “de buena fe” para honrar las negociaciones con observadores de varias organizaciones.
Según el informe, la Policía decidió formar una segunda barricada una vez los manifestantes comenzaron a lanzar piedras y a romper vidrios de los edificios en la Avenida. En este segundo encuentro entre los agentes y los protestantes, la evidencia muestra a un individuo que incitaba a la violencia a través de un altoparlante.
Fue en ese momento, a eso de las 3:12 de la tarde, cuando la Policía comenzó a lanzar agentes químicos sin proveer las advertencias requeridas a los presentes.
El informe cuestiona la decisión de Escalera de dejar pasar a los manifestantes a la Ponce de León pese a que la situación parecía estar controlada en el primer punto de bloqueo. “La estrategia de la Policía de confinar a varios cientos de protestantes con salidas mínimas pudo haber exacerbado la situación”, opina Pujol.
Se advierte, además, sobre el “resentimiento” de algunos oficiales en seguir la orden de Escalera. Un comandante, identificado como “Oficial #1”, incluso asegura que, si la orden no hubiese venido directamente de Escalera, “no lo hubiese hecho”.
Reacciona la Policía
El comisionado Escalera reaccionó al informe argumentando que el Negociado que dirige elaboró a tiempo los informes requeridos sobre el uso de fuerza en la manifestación, mientras resaltó que hay informes adicionales en la División de Investigación de Incidentes de Uso de Fuerza (FIU) que ya fueron notificados para su revisión y análisis.
"Sostengo que fui el responsable de las decisiones tomadas en la manifestación. En este sentido, descarto que el gobernador (Ricardo Rosselló Nevares) haya emitido instrucciones en la manifestación. No obstante, de así haberlo hecho, sería cónsono a sus poderes y facultades como Primer Ejecutivo y Comandante en Jefe del Negociado", puntualizó.
Escalera agregó que los oficiales de las Divisiones de Operaciones Tácticas contaban con los adiestramientos requeridos para el control de las multitudes. De paso, resaltó que los planes operacionales para atender actividades como esta contemplan la posibilidad de cambios.
"En el Negociado creemos, trabajamos y continuaremos comprometidos en el cumplimiento del Acuerdo de Reforma Sostenible que nos llevará a desarrollar una uniformada de avanzada. Oportunamente, el Negociado de la Policía presentará su postura ante el Honorable Tribunal sobre el informe del Asesor de Cumplimiento Técnico en el tiempo establecido", concluyó.
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