Justicia

Cinco años después de haber sido acusado por un gran jurado por participar en un esquema de soborno a un contratista de Río Grande —junto al convicto exalcalde, Eduard Rivera Correa—, el abogado Alejandro Carrasco Castillo enfrentará a partir de hoy el juicio en su contra, el cual será presidido por el juez federal Francisco Besosa.

Rivera Correa, quien se declaró culpable por solicitar y recibir unos $39,000 en sobornos de un contratista, extinguió los cinco años de prisión que le impuso la jueza federal Carmen Consuelo Cerezo y quedó en libertad el 27 de abril de 2018.

Los fiscales a cargo del caso son James Pearce y Amanda Rose Vaughn, de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia en Washington. Mientras, el acusado será representado por la abogada Lydia Lizarribar.

Se espera que el juicio concluya el 20 de diciembre.

Los testigos de cargo son el agente federal Rafael Correa, Jorge Allende, Alfredo Alejandro Carrión, Noel Gutiérrez, Carlos Pérez Rivera, Tanya Pérez, Ester Rodríguez y el contratista Juan Carlos Mercado, quien fue acusado por soborno en un caso junto al convicto exalcalde de Barceloneta, Sol Luis Fontanes. Mercado se declaró culpable. Posteriormente, la Fiscalía federal solicitó que se le desestimaran los cargos.

En una vista de status, Lizarribar había adelantado que presentaría testigos, los cuales no identificó.

Entre la evidencia a ser presentada por el ministerio público figura un resumen de los contratos de Carrasco Castillo con los municipios de Río Grande, Barceloneta y Juncos. De igual forma, el gobierno se dispone a presentar los contratos de Mercado y las grabaciones que tuvo con el acusado.

Carrasco Castillo enfrenta cuatro cargos por soborno. De acuerdo a la acusación, el acusado le solicitó $18,300 para obtener tres contratos en el Municipio de Río Grande. Los contratos eran para servicios de construcción.

Según la acusación, entre febrero del 2010 a febrero de 2012, Rivera Correa recibió aproximadamente $39,000 en pagos en efectivo de una persona conocida como "Contratista A". Los pagos que hacía el "Contratista A" al exalcalde eran con la intención de influenciar los negocios que hacía con el municipio.

Uno de los contratos por inspección de trabajos de construcción fue por $98,000 y otro por $171,000 y renovaciones futuras.

El exalcalde intentó extorsionar al "Contratista A". Rivera Correa le exigió $4,000 en efectivo a ese contratista para comprar boletos para una cena política a cambio de continuar haciendo negocios con el Municipio de Río Grande.

El exalcalde trató de impedir que el "Contratista A" cooperara con las autoridades y que compareciera ante el Gran Jurado.

El abogado Carrasco Castillo proveía servicios legales a los municipios de Barceloneta, Río Grande y Juncos. La acusación detalla cómo Carrasco Castillo solicitó pagos al "Contratista A" en varias ocasiones, disimulados como honorarios legales, para influenciar los negocios que el empresario hacía con varios municipios.

Específicamente, en el año 2009 el "Contratista A" pagó $24,000 a Carrasco Castillo por obtener un contrato de $120,000 en el Municipio de Barceloneta por servicios de construcción.