Salud

Dr. Enrique Vázquez Quintana, exsecretario del Departamento de Salud. >Archivo / EL VOCERO

El juez del Tribunal de Distrito de Puerto Rico, Jay García Gregory, desestimó con perjuicio la demanda incoada por el cirujano y exsecretario de Salud, Enrique Vázquez Quintana, contra varios jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico y una jueza del Tribunal de Primera Instancia, entre otros, tras decidir en su contra en un recurso legal que le fue interpuesto al galeno por alegada impericia.

Al galeno se le responsabilizó por haber causado Alzheimer a una paciente luego de removerle la tiroides.

El 23 de mayo de 2019, Vázquez Quintana demandó en el Tribunal Federal a las exjuezas del Tribunal Supremo de la Isla, Liana Fiol Matta y Anabelle Rodríguez. También a la presidenta del Supremo, Maite Oronoz, y a los jueces Erick Kolthoff y Roberto Feliberti, al juez del Tribunal de Apelaciones José Alberto “Beto” Morales y a la jueza del Tribunal de Primera Instancia Gloria Soto Burgos.

Vázquez Quintana buscaba en el foro federal que los jueces demandados lo compensaran económicamente con $100 mil, que se le restaure su prestigio y credibilidad y que García Gregory obligara al Tribunal Supremo de Puerto Rico a emitir una orden para que se revise la decisión que provocó una “mancha a su prestigio”.

Vázquez Quintana, quien radicó el recurso legal por derecho propio, alegaba que se violaron sus derechos al obviarse toda la prueba científica que desfiló en el proceso judicial.

García Gregory desestimó el caso al concluir que la demanda falla en establecer un reclamo, que los jueces demandados tienen inmunidad judicial y porque carece de jurisdicción. Vázquez Quintana solicitó una reconsideración a García Gregory, quien denegó la petición.

El caso estatal data de junio de 2000 cuando Vázquez Quintana operó a una paciente de 53 años, quien padecía de hiperpatriroidismo (calcio alto), de un nódulo en el lóbulo izquierdo de tiroides y un nódulo en la arenal derecha.

La paciente y su esposo lo demandaron alegando que le causó la hipocalcemia. En el 2005 la paciente desarrolló Alzheimer.

La jueza Soto Burgos determinó que la hipocalcemia le causó demencia a la paciente. La determinación de la magistrada fue basada en el testimonio de un perito estadounidense que certificó que la hipocalcemia ocasionó el Alzheimer.

Por su parte, Vázquez Quintana expresó a este medio que acudió al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito para solicitar que el juez García Gregory fuera removido del caso, ya que no actuó rápidamente en su caso. El juez denegó la petición.

El Tribunal de Apelaciones emitió una orden en la que concluyó que la solicitud es académica. Vázquez Quintana volvió a solicitar una reconsideración en el Circuito de Boston.

“Al juez le dio una rabieta (García Gregory) después de que radiqué el mandamus ante el Tribunal de Boston y desestimó todo a favor de los seis jueces, los sacó y sacó a Beto Morales del caso… el juez es un inhumano, un abusador y cerró el caso. Entonces Boston me contesta que el mandamus que yo puse me dice que el caso es ‘moot’, que es académico porque García Gregory decidió todas las mociones que estaban pendientes y cerró el caso y él no se inhibe porque los jueces federales pueden decidir si se inhiben o no. El falló todo en mi contra y cerró el caso”, indicó.

El galeno añadió que queda pendiente ante el Circuito de Boston el caso contra los magistrados puertorriqueños.

“Pedí una reconsideración al mandamus, escrita por mí —que no soy abogado— porque los abogados le tienen terror a los jueces y ese es el problema aquí. Los que son condenados por los jueces, violándole sus derechos civiles, aquí no tienen quién los representen. No soy abogado pero, después de viejo he estudiado ahora leyes y sé más que muchos abogados sobre la inmunidad de los jueces —que eso es un disparate— y ahora el caso está en Boston todavía. El caso está vivo y coleando y Boston me dijo que está pendiente por las apelaciones de Beto Morales y la decisión de los otros jueces”, informó.

Agregó que “Boston se inventó que hay que aplicar la Ley Promesa al caso mío porque el gobierno está en quiebra y no se puede demandar al gobierno y que tenga que pagarme. A mí me aplicaba la Ley Promesa cuando empecé el caso y yo me opuse y se levantó el detente, y eso lo firma la jueza Laura Taylor Swain y se levantó el caso, y el caso siguió y yo firmé una estipulación y Susana Peñagarícano —de Justicia— y yo firmamos una estipulación de que se levanta el ‘stay’. El caso sigue hasta que llegue al final y entonces si hay que pagar dinero, entonces, bregaremos de otra forma”.

Informó que demandó —en un caso separado— al perito estadounidense que testificó en su contra en el caso estatal. Destacó que le ganó el caso al perito, por lo cual recibió una indemnización económica, la cual declinó precisar por ser un acuerdo confidencial.

Este diario efectuó gestiones para comunicarse con la oficina del juez García Gregory y obtener una reacción. No obstante, es la política y práctica del Tribunal Federal —en procesos activos y adjudicados— de no hacer expresiones.