Julia Keleher

La exsecretaria de Educación, Julia Keleher, se declaró no culpable de los siete cargos que pesan en su contra.

La defensa de la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, y de los restantes coacusados por participar en un esquema de fraude de fondos federales por $15 millones sufrió un revés, luego de que el juez Pedro Delgado denegó la solicitud para posponer el inicio del proceso judicial y otras fechas señaladas en este caso.

“El calendario del juicio y de (mociones) antes del juicio continuará a menos que en un futuro se desarrollen eventos que convenzan al tribunal de que es necesaria una modificación”, señala la orden.

En una moción conjunta, radicada por el abogado Juan Ramón Acevedo, quien representa a Fernando Scherrer, socio administrador de la firma BDO, se le pidió al juez la modificación del calendario, pendiente de la resolución sobre la solicitud de que el juicio sea celebrado fuera del distrito de Puerto Rico y de que se paute una vista argumentativa o una vista de status sobre el asunto.

Plantea que de acuerdo a la orden de calendario del caso, el ministerio público tiene hasta el 15 de enero de 2020 para responder a la petición del traslado del juicio y que posteriormente, la defensa necesitará un tiempo adicional para contestar los argumentos de la fiscalía. Por lo que se tendrían que modificar las demás fechas.

Expone que el descubrimiento de prueba continúa y que la evidencia es voluminosa.

“La solicitud se realiza de buena fe y en interés de la justicia y no con el fin de retrasar indebidamente estos procesos”, indicó.

Observó que a los representantes legales de los acusados le corresponde preparar la defensa del caso y a la corte considerar los varios asuntos complejos del mismo.

Delgado señaló el juicio para el 4 de mayo de 2020.

Un gran jurado emitió una acusación de 32 cargos contra Keleher y los coacusados Alberto Velázquez Piñol; Ángela Ávila, exdirectora de ASES; Glenda Ponce, exayudante especial de Keleher en el DE; y su hermana Mayra Ponce, dueña de la compañía Colón & Ponce.

De acuerdo a la acusación, el esquema de fraude de contratos fueron ascendentes a $15.5 millones; $13 millones en el DE y $2.5 millones en ASES.

Asimismo, el pliego acusatorio alega que Velázquez Piñol participó en los tres esquemas de fraude de fondos federales.

Se alega además que BDO utilizó el acceso e influencia que tenía Velázquez Piñol sobre Keleher para someter propuestas y obtener contratos con un valor en exceso de $13 millones en el DE. Estos contratos eran pagados con fondos federales.

Los contratos contenían unas cláusulas en las que se prohibía la subcontratación de servicios y el pago de cabilderos. BDO incumplió con ambas cláusulas.

A cambio de las gestiones que hizo Velázquez Piñol con Keleher para obtener los contratos, BDO utilizó fondos federales para pagarle comisiones de un 10% del valor de los contratos.

En el esquema de ASES, se alega que BDO utilizó el acceso e influencia que tenía Velázquez Piñol sobre Ávila para someter propuestas y obtener contratos con un valor en exceso de $2.5 millones. Los contratos fueron pagados con fondos federales.