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El más reciente informe de la monitora federal Kimberly Tandy advierte del impacto que ha tenido en la seguridad las limitaciones presupuestarias de Instituciones Juveniles. 

Los gobiernos de Puerto Rico y de Estados Unidos deberán buscar los mecanismos para asegurar que el presupuesto de la Administración de Instituciones Juveniles (AIJ), sea utilizado por esa dependencia y no por el Departamento de Rehabilitación y Corrección (DRC).

Así lo ordenó el juez presidente del Tribunal Federal Gustavo Gelpí durante una vista de estatus del caso de violación de derechos de los internos de la AIJ, radicado por el Departamento de Justicia estadounidense contra el Estado Libre Asociado (ELA) en el 1994.

“Quiero que se cree en un lenguaje para que ese presupuesto sea protegido para el beneficio de los 101 juveniles”, afirmó el juez.

Asimismo, instruyó al ELA a revisar el presupuesto de la oficina de la monitora de este caso Kimberly Tandy.

Expuso que desde hace años no se revisa el mismo.

Sobre el presupuesto de la AIJ, Tandy manifestó que no ha habido un control de los fondos de la agencia, ya que está mezclado con los del DCR.

Expresó que sin los recursos necesarios el ELA no puede cumplir a cabalidad en este caso. No obstante, reconoció que ha habido un progreso en el mismo.

Reafirmó que otro de los retos mayores en este caso es la escasez de personal. Mencionó que el cierre de la institución de Humacao no produjo que los empleados desearan ser resignados en las dos instituciones que permanecen abiertas -Ponce y Villalba-, debido a la distancia de estos lugares.

De igual forma, destacó que hay personal de la AIJ destacado en otras agencias de gobierno o laborando en otros programas del DCR.

Planteó que otro de los problemas en las instituciones es el contrabando y urgió la instalación de cámaras de seguridad en la facilidad en Ponce. Comentó que la ubicación de las mismas son críticas en los incidentes violentos y para la detección de contrabando.

Expresó su preocupación ante la posibilidad de un cambio de administración de gobierno, ya que los comicios generales se celebrarán este mismo año.

“Si la administración cambiara, cambian los directivos. Es necesario pensar en buscar la forma para minimizar que surja un trastoque para evitar retroceder (en el cumplimiento)”, acotó Tandy.

Gelpí manifestó que en los casos de Discapacidad Intelectual y en la Reforma de la Policía, los cuales también preside, ha emitido órdenes de transición a los fines de que no se perjudiquen los servicios en caso de un cambio de administración.

Por su parte, el abogado del Departamento de Estados Unidos Richard Goenmann manifestó su preocupación en los asuntos de seguridad, escasez de personal y de las prácticas de aislamiento de los internos.

“Es un área de preocupación. Hay un desacuerdo en lo que consiste esta práctica. El gobierno está trabajando en un borrador de la definición, de lo que constituye el aislamiento. Es una práctica dañina que continúa”, expuso.

A su vez, recomendó la contratación de más psiquiatras.

Mientras, la representante del gobierno de Puerto Rico Arlene Pérez Borrero, explicó a preguntas del juez que la reducción de la población de los internos se debe a varios factores. Entre estos, los programas de desvío.

Precisó que actualmente hay siete niñas.

Entretanto, dijo que la Guardia Nacional trabaja en un plan de evacuación en las dos instalaciones que están ubicadas en el sur, la que ha resultado mayormente afectada tras los sismos ocurridos desde hace unos días.