Gustavo Gelpí

El juez federal Gustavo Gelpí.

Luego de que el juez federal Gustavo Gelpí informó en una orden que del centenar de ingresados en las instituciones juveniles penales de la Isla una cuarta parte ha intentado suicidarse o auto mutilarse, esta tarde emitió otra orden en la que convoca un panel de tres jueces para determinar si procede dejar en libertad a uno o más de los menores encarcelados.

Por lo que el juez presidente del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, tiene que nombrar a otro juez del distrito de Puerto Rico y a otro del Circuito para que integren el panel. Cualquier determinación del panel de jueces tendría que apelarse directamente al Tribunal Supremo de Estados Unidos.

El último panel de tres jueces que se vio en Puerto Rico fue en los años 70.

“El Estado Libre Asociado (ELA), no ha remediado la inexcusable privación de los derechos constitucionales por parte de los menores en un plazo razonable. Hoy, 11 de noviembre de 2020, el ELA todavía está involucrado en una disputa contractual prolongada con el proveedor de salud que ofrece servicios a sus instalaciones juveniles. Si bien dicho litigio continúa navegando por el sistema judicial local, los menores se quedan indefensos sin la atención de salud mental que tanto necesitan y la seguridad correspondiente para sus vidas. El Tribunal no puede quedarse de brazos cruzados esperando que ninguno de ellos acabe con éxito su vida”, reza la orden de Gelpí.

Agrega que “el hacinamiento en la detención de menores pone en grave peligro el funcionamiento eficaz y la seguridad de cualquier instalación. Hay dos tipos de hacinamiento: diseño de instalaciones y capacidad del programa. Aquí en Puerto Rico, el hacinamiento es del segundo tipo. Actualmente, los menores alojados en las dos instituciones restantes del ELA se ven privados de los componentes de seguridad y salud mental exigidos por la Constitución para su confinamiento”.

Afirmó que las dos instalaciones juveniles existentes del ELA sujetas al acuerdo de este caso federal, han experimentado recientemente una situación más espantosa e inquietante que pone en peligro el bienestar físico y mental de su población.  

Como informó recientemente el Monitor de la Corte Federal, del 1 de julio al 30 de septiembre de 2020, 23 menores terminaron hospitalizados, luego de intentos de suicidio o mutilación.  

“Esta cifra constituye aproximadamente una cuarta parte de toda la población juvenil.  Además, durante este mismo período en general, hubo un total de 32 incidentes de ideas suicidas, gestos de intención y/o auto multinacionales ocurridos, incluyendo 13 intentos serios de ahorcamiento. Esta cifra constituye aproximadamente un tercio de toda la población juvenil”, indica la orden.

Añade que “la situación resumida anteriormente es constitucionalmente inaceptable, por decir lo menos.  No hay un final a la vista a menos que este Tribunal de Distrito de los Estados Unidos intervenga de inmediato para proporcionar un remedio adecuado”.

Mientras, el Departamento de Corrección, a través del procurador general, Isaías Sánchez, radicó una moción urgente de reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones para que deje sin efecto el auxilio de jurisdicción y paralización que concedió a favor de Professional Consulting Pshycoeducational Services (PCPS), a fin de permitir que la agencia pueda contratar los servicios de Physician Correctional (PC), para salvaguardar la seguridad de los pacientes de salud mental del Negociado de Instituciones Juveniles.

Por su parte, el presidente de PCPS Roberto de Jesús y el director ejecutivo de la compañía Steven Delgado, aseguraron que la empresa ha sido responsable brindando los servicios requeridos.

“Cada vez que se nos activa, por razón de los casos que se están dando, nuestro personal interviene en cumplimiento con las órdenes. Queremos hacer constar que esto ha sido así en el 100% de los casos y el DCR consta con toda la evidencia porque esto se registra en los sistemas. Cuentan con toda la evidencia de nuestra intervención. No ha sido un issue que nosotros no hayamos dado el servicio. Debe estar la responsabilidad donde recae realmente. Nuestra gente está y ha dado el servicio”, afirmó De Jesús a EL VOCERO.