Gustavo Gelpí

El juez federal Gustavo Gelpí.

El gobierno de Puerto Rico debe mostrar causa en o antes del 1 de noviembre de por qué no debe ser encontrado en desacato por violar “sistemáticamente” sus órdenes en relación al mal uso de unos $20 millones de los fondos asignados al Programa de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual (PSPDI), durante los pasados cuatro años fiscales.

En su orden, el juez federal Gustavo Gelpí indica que se desconoce el uso de los fondos en vez de que los mismos fueran utilizados para el beneficio de varios cientos de participantes con discapacidad.

De igual forma, expone que debido a que el PSPDI culpa a la Junta Federal de Control Fiscal y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), estas dos entidades tienen que presentarle en o antes del 8 de noviembre un memorando con su posición.

“El Estado Libre Asociado (ELA), debe explicar por qué la corte nunca fue informada de que dicho dinero fue enviado ilegalmente al fondo general y utilizado para otros fines”, afirma Gelpí.

Comenta que hay áreas como las de vivienda, servicios a pacientes e información tecnológica que han mostrado un proceso lento o ninguno.

Señala que por el contrario, siempre fue informado de que todos los fondos asignados para el programa se utilizaron de conformidad con los mandatos del tribunal.

“El ELA debe mostrar causa en cuanto a por qué el tribunal no debe ordenar que la cantidad malversada a ponerse a disposición del programa y se asigne la misma a más tardar el 1 de julio de 2020. Esta cantidad del presupuesto, puede ser mayor o menor una vez que se lleve a cabo una auditoría ordenada por el tribunal (que probablemente puede extenderse a otros años fiscales)”, expresa la orden.

Advierte que puede tomar medidas adicionales si se justifican, incluyendo el desacato civil o criminal contra cualquier funcionario del ELA o tercero responsable del presupuesto.

“En una nota personal, es bastante vergonzoso para el que suscribe, emitir la presente orden. Como saben las partes, a lo largo de los años siempre he sido consciente de las deficiencias fiscales del ELA y le brindé todas las oportunidades posibles para cumplir con la ley federal. Sin embargo, ignorar la situación actual en el programa constituiría una violación a mi juramento de defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. También sancionaría las acciones del ELA a lo largo de los años en detrimento de los participantes del programa que de otro modo son impotentes. Tengo grandes esperanzas de que el nueva gobernadora (Wanda Vázquez) y la secretaria de Justicia (Dennise Longo) tomen las medidas necesarias de forma rápida”, agrega la orden.

El 21 de abril de 1999 el Departamento de Justicia federal demandó al ELA para vindicar los derechos constitucionales de los pacientes con discapacidad intelectual.

El 19 de octubre de 2011 las partes llegaron a un acuerdo en el que el gobierno estatal asigna un presupuesto de entre $35 a $40 millones anuales para la prestación de servicios para esta población.