carlos mellado y lorenzo gonzález

Carlos Mellado y Lorenzo González, entrante y saliente secretario de Salud. 

El juez federal Gustavo Gelpí, ordenó al secretario de Salud saliente Lorenzo González, el entrante, Carlos Mellado y al director del Programa para Personas con Discapacidad Intelectual (Ppdi), a realizar una transición completa e inmediata.

“Para la defensa y el apoyo celoso e implacable de los padres ‘patriae’ del Departamento de Justicia federal, así como el monitoreo constante del monitor federal durante las últimas dos décadas, los participantes no estarían lejos de donde estaban antes de la ejecución del acuerdo original. En consecuencia, se espera que el secretario de salud saliente y entrante, el director de Ppdi y sus funcionarios, así como cualquier persona que permanezca en el programa en 2021, realicen una transición completa de una manera inmediata y efectiva que no ponga en peligro la vida de los participantes. Esto incluye, por supuesto, el cumplimiento oportuno de todas las órdenes judiciales y directivas del monitor federal”, señala la orden de Gelpí.

Afirmó que el enfoque del Ppdi debe ser en los participantes y la mejor manera de cumplir con el acuerdo, alcanzado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos desde el 1999.

Indicó que el monitor federal de este caso -Alfredo Castallanos- tiene plena y completa autoridad para facilitar, coordinar y presidir las reuniones.

De igual forma, puede emitir todas las instrucciones anticipadas y necesarias en cuanto al modo, la manera, hora, el lugar y el orden de cada reunión, según la orden número 3257 de este caso.

Recordó el Ppdi no ha perfeccionado todos los contratos con los proveedores de servicios esenciales.

“Aparentemente, los retrasos se han convertido en la norma y no en la excepción justificada. Esta situación es inaceptable y tendría graves consecuencias si no se resuelve de inmediato”, advirtió.

Expone que la corte asume su obligación constitucional para presidir este caso y el acuerdo de consentimiento con la mayor santidad. 

“La salud física y mental, la seguridad y el bienestar de los cientos de participantes es lo más importante. Cada vida individual tiene valor e importa.  La inercia y los retrasos injustificados cuestan vidas.  La acción rápida por otro lado salvará y prolongará innumerables vidas, así como la calidad de las mismas.  Dicha respuesta necesaria incluye todas las acciones judiciales correctivas que se justifiquen, más aún, dados los repetidos casos de incumplimiento grave del acuerdo  en áreas de suma importancia como la institucionalización y la polifarmacia”, acotó.

Indicó que el Ppdi se encuentra en una posición única para avanzar significativamente hacia el cumplimiento, dado que tiene un excedente de $23,000,000 de fondos no utilizados de los últimos cinco años fiscales.

“El Tribunal tiene la esperanza y optimismo de que durante los próximos cuatro años el Ppdi, en colaboración con el Departamento de Justicia federal y el monitor federal pueda rescatar el programa de necesidades mentales supervisadas por el gobierno federal”, apuntó.