Centro Judicial de San Juan

Foto del Centro Judicial de San Juan. >Archivo / EL VOCERO

Tras escuchar los argumentos de las partes, el juez del Tribunal Superior de San Juan Anthony Cuevas, se reservó su fallo en relación con el caso incoado por la candidata a representante por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Eva Prados, que exige que el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, haga públicos los salarios de todo el personal durante los pasados ocho años.

La demandante plantea que los salarios del personal del Senado es información pública que debe ser accesible para que el pueblo evalúe cómo se usan los fondos públicos por parte de la Asamblea Legislativa.

El abogado de Prados, Luis Torres Ascencio afirmó que la información solicitada no está protegida de forma alguna por confidencialidad o privilegio alguno y que tampoco está cobijada bajo alguna de las ex excepciones al derecho de acceso a la información.

Manifestó que los salarios de los empleados se pagan con fondos públicos, sufragados por el pueblo.

El letrado comentó que actualmente hay unos esquemas de corrupción como “kickbacks”, por parte de empleados que, en algunos casos, devengan salarios mayores que los legisladores.

Apuntó que el interés público prevalece sobre el interés del Senado y que un empleado público no debe tener la expectativa de que su salario sea mantenido en privado.

Mientras, el presidente del Senado, representado por los abogados Eliezer Aldarondo y Sheila Torres, solicitó la desestimación del recurso legal al afirmar que el acceso a la información pública no es ilimitado y cuestionó las razones para la petición de Prados.

Expuso que la peticionaria no tiene la legitimación activa para la solicitud porque no es periodista.

“Nos parece que no existe un daño irreparable al no producir la información tal y cuál fue solicitada. Existen otras formas de solicitar esa información del Senado que le permita (a la demandante) fiscalizar, participar como ciudadano del proceso político y que permita lograr los mismos fines sin tener que invadir la privacidad de los empleados públicos que su único crimen es ser empleado público. El derecho a la privacidad de los empleados opera por encima de la peticionaria de obtener la información”, argumentó Torres.

Destacó que para producir la información solicitada se requiere los expedientes de personal de cada uno de los 500 empleados, los que hay que revisar y lo que resulta oneroso para el Senado.

La letrada manifestó que “no podemos abstraernos de las circunstancias sociales que existen en el mundo entero. Publicar los nombres de las personas e ingresos, las pone en riesgo de ser víctimas de crimen”.

Sobre el particular, el juez le indicó que es público el salario de los jueces, maestros, legisladores, policías y entre otros empleados públicos.

Cuevas cuestionó cuál es la diferencia. Torres le respondió que los sueldos de esos empleados públicos son basados en escalas salariales, pero, que “se desconoce con exactitud cuánto gana una maestra en particular”.

Torres Ascencio se opuso a la petición de desestimación por parte de la Cámara Alta.

“Las políticas fundamentales de transparencia en la gestión gubernamental, de fiscalización ciudadana y de conocimiento y acceso información del gobierno para el pleno ejercicio del derecho al voto en las próximas elecciones, demandan que las acciones del Senado de Puerto Rico respecto a la asignación de salarios de fondos públicos a sus empleados, estén a expuestos a la luz del escrutinio público”, expuso Torres Ascencio.