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En momentos en que el presidente Joe Biden pide “trato igualitario” para Puerto Rico en el Congreso, la Oficina del Procurador General del Departamento de Justicia estadounidense solicitó al Tribunal Supremo federal más tiempo para determinar la postura de la actual administración ante el caso relacionado a la paridad en el Seguro Social Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) para los residentes de Puerto Rico.

Justicia federal, bajo la administración del entonces presidente republicano Donald Trump, pidió al máximo foro judicial revertir la decisión del juez presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico, Gustavo Gelpí, que luego fue avalada por el Primer Circuito de Apelaciones de Boston. Ambos fallos ratificaron que Luis Vaello Madero, exresidente de Nueva York radicado en Loíza, no tenía que devolver $28,000 del SSI por no haber informado que se había mudado a la Isla —donde no se reciben los beneficios de ese programa—, revocando así una decisión de la Administración del Seguro Social. Justicia federal insiste en que Vaello Madero debe devolver el dinero.

La procuradora general interina de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, sostuvo en la moción enviada al Supremo federal que la extensión en el plazo “es necesaria porque la finalización del escrito requiere la consulta con varios componentes del gobierno” y los abogados encargados “han estado muy comprometidos con otros asuntos urgentes”.

Esta sería la segunda petición del gobierno federal para extender la fecha límite en la que las partes involucradas debían someter sus argumentos ante Supremo estadounidense. En un principio tenían hasta el pasado 15 de abril, lo que a petición del gobierno se extendió hasta el 1ro de junio y ahora al 7 de junio.

La comunicación coincide con la presentación de la propuesta presupuestaria de Biden para el año fiscal 2022, en la cual incluyó lenguaje para que el gobierno federal allane el camino hacia la paridad en Medicaid, SSI y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para Puerto Rico.

A pesar del anuncio presupuestario de Biden -que beneficiaría a la Isla-, el presidente no ha pedido que se retire el caso Vaello Madero, que está ante el Supremo federal. Este caso podría establecer un importante precedente pues el máximo foro judicial podría determinar que programas de ayudas deben aplicar a todos los ciudadanos estadounidenses por igual.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael “Tatito” Hernández, estimó que la inclusión de la Isla en el SSI tendría un impacto de $2,300 millones anuales y beneficiará a cerca de 300,000 puertorriqueños menores y adultos con algún tipo de discapacidad. “En momentos como los que estamos viviendo, el hecho que esta ayuda se extienda a más ciudadanos en Puerto Rico es un logro que traerá tranquilidad, esperanza y justicia social para el pueblo”, afirmó.

“Después de tantas gestiones en las que le solicitamos al presidente Biden ordenar al Departamento de Justicia federal el retiro del recurso de ‘certiorari’ e incluir a los residentes de la Isla en el programa de justicia social federal, nos sentimos más que complacidos con la determinación de incluir a los residentes de Puerto Rico en este beneficio”, agregó el presidente cameral.

Hernández sostuvo, además, que enviará una misiva a Justicia federal para instarle a que desista del caso Vaello Madero, “que se pueda ratificar la decisión del tribunal de Boston y recibir por fin este beneficio”.