Supreme Court 5
La procuradora general de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, presentó el lunes sus argumentos ante la Corte Suprema de Estados Unidos. >Suministrada

El estado tributario de Puerto Rico y el poder del Congreso para tratar a un territorio de manera diferente a los estados si tiene base para hacerlo, fueron parte de los argumentos que presentó la procuradora general de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, ante la Corte Suprema de Estados Unidos con relación al programa del Seguro Social Suplementario (SSI).

Prelogar solicitó al Supremo que revoque al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, que confirmó la orden del juez del Tribunal de Distrito de Puerto Rico, Gustavo Gelpí, para que Luis Vaello Madero no devuelva los $28 mil del SSI, tras haberse mudado de Nueva York a la Isla, en donde los ciudadanos americanos no reciben los beneficios de ese programa.

El gobernador Pedro Pierluisi se expresó en desacuerdo con esa posición.

“Espero que el Tribunal Supremo valide las determinaciones del Tribunal de Distrito de Puerto Rico y del Tribunal de Apelaciones en Boston que califican la discriminación contra los residentes de Puerto Rico como inconstitucional”, señaló Pierluisi, y agregó que continuará trabajando con la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden y con el Congreso “para que tengamos la igualdad que nuestro pueblo ha pedido y no tengamos que solicitar lo que nos debe corresponder por derecho propio”.

La presentación de los planteamientos de Prelogar se produjo el lunes en la tarde, el mismo día en que el presidente Joe Biden se expresó a favor del trato igualitario hacia los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico.

“Esta disposición (negar el acceso al SSI) es inconsistente con las políticas y valores de mi administración. Sin embargo, el Departamento de Justicia tiene una larga práctica de defender la constitucionalidad de los estatutos federales, independientemente de las preferencias políticas”, rezan las declaraciones de Biden.

Prelogar observó que el costo de incluir la Isla en el programa del SSI “sería extremadamente grande”, ya que se estima que tendría un costo de $300 millones anuales.

Planteó que esa cifra subraya la racionalidad de la decisión del Congreso de no extender el programa del SSI a la Isla mientras se le otorga un trato fiscal preferencial.

“Esa consideración tiene un peso adicional porque el Congreso ha abordado estos problemas por separado a través del programa Puerto Rico’s Aid to the Age, Blind and Disabled (AABD) y ha facilitado un flujo de ingresos para el Estado Libre Asociado (ELA), al eximir a sus residentes de la mayoría de los impuestos federales.  El Congreso podría concluir que dado que gran parte de los ingresos tributarios que normalmente irían al tesoro federal se destinan al tesoro territorial, el tesoro territorial debería asumir en consecuencia parte de la carga de financiar varios programas de beneficios en Puerto Rico”, expuso.

Expuso que la Corte Suprema federal ha sostenido que las clasificaciones en los programas de beneficio federal pueden basarse adecuadamente en un juicio de que los estados deberían tener la responsabilidad principal de una determinada clase de personas y que el Congreso puede asumir legítimamente que los estados deberían satisfacer las necesidades de esas personas.  

Afirmó que el estado tributario de Puerto Rico proporciona base racional para la exclusión del programa SSI, a pesar de que —como observó la corte de apelaciones— los residentes de la Isla realizan algunas contribuciones al tesoro federal. 

Argumentó que el Congreso podría concluir que debido a que los residentes de Puerto Rico no pagan la gama completa de impuestos que pagan los residentes de los estados, no deberían recibir la gama completa de beneficios disponibles en los estados.

Consideraciones adicionales

Prelogar indicó que hay dos consideraciones adicionales que confirman que el Congreso actuó racionalmente al decidir no extender el programa del SSI a Puerto Rico y al mismo tiempo contribuir a la provisión de beneficios bajo el programa AABD, que otorga más control al Estado Libre Asociado para determinar la política de bienestar social.

Primero, señaló, que el Congreso podría concluir que estos arreglos promueven la capacidad de Puerto Rico para gobernarse a sí mismo. 

Segundo, continuó, que el estatus de Puerto Rico como ELA le otorga un alto grado de autonomía y autodeterminación.  

“En particular, el ELA funciona como unidad fiscal autónoma: impone sus propios impuestos en lugar de impuestos federales inaplicables, recibe los ingresos cubiertos de algunos impuestos federales que sí se aplican allí y decide por sí misma cómo gastar los ingresos que recibe”, indicó.

La funcionaria sostuvo que hay condiciones económicas y de otro tipo en Puerto Rico que difieren de los estados, y el Congreso podría concluir que esas diferencias aconsejan cautela al extender a Puerto Rico la política de impuestos y gastos aplicables a los estados. 

“El poder del Congreso para tratar los territorios de manera diferente a los estados se refuerza en un principio constitucional separado: el componente de igual protección de la Cláusula del Debido Proceso le permite al Congreso tratar un área geográfica de manera diferente a otra si el Congreso tiene una base racional para hacerlo”, apuntó.

En su escrito, puntualizó que Biden apoya la extensión del SSI en la Isla, pero insistió en que según la Constitución el mecanismo adecuado para efectuar ese cambio es la acción del Congreso “y no una demanda solicitando que anulen sus casos anteriores y se declare inconstitucional una ley debidamente promulgada bajo una revisión de base racional. Es al Congreso que la Constitución ha confiado el poder de gobernar los territorios y gastar dinero para el bienestar general”.

“El Congreso no puede, por supuesto, negarle a nadie la igual protección de las leyes, pero esa garantía no autoriza a los tribunales a juzgar la sabiduría, la justicia o la lógica de las decisiones legislativas… El Congreso está plenamente facultado para extender el SSI a Puerto Rico a la luz de las inquietudes identificadas por el demandado, pero su decisión de no hacerlo no viola la Constitución bajo los precedentes de esta corte”, afirmó Prelogar.