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>Archvo/EL VOCERO

 

El designado secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, afirmó que diariamente recibe entre 35 a 50 referidos por fraude al programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) y reveló que el caso relacionado a un estudiante del Colegio San Ignacio fue cerrado por recomendación de la pasada jefa de los fiscales, Arlene Gardón, pero será revisado.

“Hay una recomendación de que el caso debía cerrarse desde octubre. A mí no me pasan esa información. Y cuando comienzan a preguntarme, pregunto por el caso y le digo a la prensa lo siguiente: ‘Sea el hijo de quien sea, si no hay caso contra esa persona, no puedo acusar a esa persona si es inocente’. Voy a revisitar ese caso. Se trata de una fiscal que pasó juicio sobre ese caso, que fue la jefa de los fiscales, pues voy a evaluarlo con la deferencia de las personas que pasaron juicio sobre ese particular. A mí nadie me va a meter presión para que acuse. Si me convenzo de que hay delito, lo acuso, pero si no hay delito, no lo puedo acusar”, enfatizó Emanuelli a EL VOCERO.

Precisó que la recomendación fue hecha para el mes de octubre, bajo la administración de la entonces secretaria interina de Justicia, Inés Carrau.

Al momento, Justicia ha manejado sobre 500 casos de fraude al PUA y han devuelto más de 300 al Departamento del Trabajo por no contar con información suficiente.

Destacó que los casos se dividen por “camadas” y que los más fáciles de probar son los de empleados de la empresa privada.

“Aparecían personas trabajando en una fábrica o en un comercio en el que ponchaban y a la misma vez cobraban por su trabajo y cobraron el PUA. De esos, ya se han radicado varios, se han radicado unos 100 casos”, detalló el funcionario.

Puntualizó que el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) también radica casos, de forma separada, contra funcionarios estatales y municipales.

Como parte de la investigación de estos casos, explicó que se solicitan los horarios de trabajo, así como la certificación de las horas trabajadas.

“Ahí hay un problema y es que hay que cotejar si estaban trabajando en determinado momento, más los gubernamentales y estudiantes, y lo de los estudiantes se evalúa y hay recomendaciones del archivo de los casos de estudiantes”, indicó.

Señaló que creó un frente común con los departamentos de Justicia, Hacienda y del Trabajo —junto al NIE— para recolectar la prueba y continuar de forma más organizada con las acusaciones.

“Son muchos los casos que han llegado y tengo que decirle que hemos recibido la cooperación tanto del Departamento del Trabajo, NIE y Hacienda. Lo que pasa es que es un proceso largo y tedioso porque son muchos casos en distintos lugares y bajo distintas circunstancias”, explicó.

Insistió en que si no se tiene la evidencia contra una persona, no se emitirán acusaciones.

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El designado secretario de Justicia, Domingo Emanuelli. >Josian E. Bruno Gómez/EL VOCERO

 

 
 

“Hay que tener mucho cuidado, porque la saña no puede ser un elemento para acusar. No puedo acusar a una persona porque la gente quiere que lo acuse. Así no voy a trabajar”, advirtió.

Sobre el estatus de las investigaciones, el comisionado del NIE, Rafael Freytes, confirmó en declaraciones escritas que investigan los casos junto al Departamento de Justicia, pero “por ser parte de un proceso investigativo, no podemos dar más detalles al respecto”. 

En la mira vehículo blindado

Emanuelli, por otro lado, informó que se iniciaron sendas investigaciones sobre la adquisición de la guagua blindada del entonces gobernador Ricardo Rosselló. Entre hoy y mañana, indicó, deberá recibir la evaluación del área civil sobre la pesquisa para determinar los siguientes pasos en el caso.

Las investigaciones están a cargo de la división Civil y la división de Integridad Pública.

“Referí a ambas divisiones para ver si hay otros delitos. Me están haciendo un estudio luego de haber obtenido los contratos, facturas, una documentación que se le requirió a Hacienda y toda la documentación que teníamos y que hemos ido levantando, y estamos trabajando para ver qué remedio en derecho existe para nosotros: o reclamar que nos devuelvan el importe que pagamos por la guagua o en su defecto que nos devuelvan la guagua, pero el pueblo de Puerto Rico no se puede quedar con las manos vacías”, apuntó.

El gobierno de Rosselló pagó $224,100 por una guagua blindada que no llegó a la Isla, según se informó en las vistas de transición entre el gobierno saliente y el gobierno entrante.

En junio de 2020 la prensa informó que el presidente de la empresa Texas Armoring Corporation, R. Trent Kimball, indicó que la guagua fue ordenada en 2018 y que no había sido entregada por los cambios en la orden y por supuesto incumplimiento del contrato.

Emanuelli informó que ordenó hacer un estudio de todos los flancos para saber a qué se exponen en términos del proceso civil y el criminal, para determinar si existe una persona o entidad que pueda ser procesada.

El caso Lorenzo

De otro lado, en cuanto al caso del niño Lorenzo, señaló que no han requerido información sobre este crimen. “Lo que sé es que se acusó al Manco (Luis Rivera Seijo) y salió absuelto. No he hecho más ninguna otra averiguación de ese caso… el estatus es que la persona que se acusó salió absuelta. Si hubiera nueva prueba —ese caso que es de alto perfil— hubiese llegado inmediatamente a mi escritorio”, acotó.