violencia domestica

Cerca del 80% de las víctimas de violencia doméstica le manifiesta al Ministerio Público su deseo de retractarse o desistir de participar del procesamiento criminal de sus victimarios, por lo que los fiscales deben preparar los casos tomando en cuenta que existe una alta posibilidad de que no contarán con sus testimonios en corte.

Pese a esta tendencia, la directora de la División de Coordinación de Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Maltrato a Menores y Abuso Sexual del Departamento de Justicia, la fiscal Laura Hernández Gutiérrez, aseguró que ningún caso de este tipo en Puerto Rico se puede descartar por razón de que la víctima exprese una pérdida de interés en el proceso.

“Desde el 2002, el Departamento de Justicia tiene por orden administrativa establecido que no puede ser una razón del fiscal el no radicar un caso de violencia doméstica porque la víctima no tenga interés”, indicó la fiscal, quien recordó que los procesos criminales son promovidos por el Estado y no por la víctima.

En entrevista con EL VOCERO, Hernández Gutiérrez aseguró que, de acuerdo con estadísticas de la dependencia, “alrededor de un 80% de las víctimas de violencia doméstica en algún momento se retractan durante el proceso” debido a una amplia gama de factores, incluyendo el vínculo sentimental con la persona que comete el acto.

“También existen situaciones de familia o de dependencia emocional y económica. Algunas víctimas expresan miedo, mientras que enfrentamos muchas situaciones en las que manifiestan no querer hacerle daño a la otra parte aunque, irónicamente, fueron ellos o ellas las que recibieron el daño a raíz de un acto delictivo”, abundó.

Ante esta realidad, las y los fiscales en Puerto Rico deben comenzar a construir sus casos identificando qué tipo de prueba tienen a su disposición aparte del testimonio de la víctima. Esto puede incluir testigos presenciales como familiares, vecinos o compañeros de trabajo, grabaciones de llamadas al Sistema de Emergencias 9-1-1, fotos, mensajes de texto y hasta admisiones de culpabilidad del victimario a terceros.

“Un fiscal debe averiguar si la víctima fue a algún hospital y si allí verbalizó lo ocurrido a enfermeras, médicos, paramédicos y alguna persona”, agregó.

Según la directiva, existen en las reglas de evidencia excepciones a la prueba de referencia que, en caso de que un tribunal determine que la o el testigo no está disponible, permiten traer por excepción cierta evidencia que puede ser clave en una convicción.

“Como fiscal tengo que montar mi caso de violencia doméstica tomando en consideración desde el día uno que la víctima posiblemente no va a querer cooperar y se va a retractar. Tengo que ir recopilando toda una evidencia tomando como norte que la víctima no se va a sentar a declarar. En escenario es muy parecido a un caso de asesinato, donde la parte perjudicada no pueda hablar”, recalcó.

Sin embargo, Hernández Gutiérrez reconoció que en los casos en los que el acto delictivo ocurre en la intimidad del hogar, el trabajo de compilar la evidencia necesaria para probar, más allá de duda razonable un caso, es más cuesta arriba.

“En algunas ocasiones se tiene que basar la decisión de desistir en el caso en la insuficiencia de la prueba, pero jamás por la falta de interés”, expresó la fiscal, que utilizó como ejemplos las amenazas de muerte verbalizadas solo en presencia de la víctima.

Por otro lado, la directora catalogó la acción de una víctima al testificar en un caso de violencia doméstica como una extremadamente difícil.

“No es solo sobrevivir un acto como este, sino que luego tienes que ir a un tribunal a declarar sobre esto y se te cuestionarán aspectos íntimos de la relación, se pondrá en tela de juicio unos eventos en los que usted fue agredido”, destacó Hernández Gutiérrez, quien mencionó que el proceso ocurre, en la mayoría de ocasiones, frente a familiares.

Como parte del proceso, el Ministerio Público debe reiterarle a la víctima que la responsabilidad del procesamiento criminal no es suya sino del Estado. Asimismo, debe hacerles entender a potenciales testigos que el acto de declarar no representa una traición a la confianza de la parte perjudicada, aunque esta no quiera proseguir con el caso.

“Muchas veces las personas no quieren cooperar, por lo que es importante aclarar que los actos de violencia doméstica son un delito, por lo que es obligación de ellos como ciudadanos proteger a la víctima que puede ser un familiar, amigo o compañero de trabajo. No se pueden quedar callados porque puede depender de su participación el lograr un procesamiento efectivo”, subrayó.

Hernández Gutiérrez reiteró la importancia de que toda persona que conozca de casos de violencia doméstica acuda a las autoridades a denunciar al agresor o agresora y estén dispuestos a declarar.

“No hablar nos hace cómplices y con eso no le hacemos un favor a la víctima, por el contrario, ponemos en riesgo su vida”, concluyó.

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