Roberto Uriel Delgado Núñez

Roberto Uriel Delgado Núñez intentó asesinar a su madre en el 2013, pero la maestra jubilada lo perdonó por el atentado. (Suministrada)

. (Suministrada)

Roberto Uriel Delgado Núñez, quien fue acusado de asesinar con un cuchillo de cocina a su madre, una maestra jubilada de 75 años, no enfrentará juicio debido a que un juez determinó que no tenía conocimiento de sus actos durante la fatídica noche del 5 de octubre del 2021.

El juez José M. D’Anglada Raffucci, del Tribunal de Caguas, determinó que no hay causa para juicio en contra del hombre de 48 años que sufre de trastorno de esquizofrenia por incapacidad mental.

“El juez refirió a Roberto ante una evaluación del Siquiatra del Estado para determinar las medidas de seguridad requeridas. Eso quiere decir que lo van a evaluar para determinar si es peligroso o no. En caso de que determinen que representa peligro, lo enviarían al Hospital Siquiátrico para que se mantenga ahí por el periodo que tiene la sentencia del caso”, explicó a EL VOCERO el licenciado Rubén A. Parrilla Rodríguez, de la Sociedad para la Asistencia Legal de Puerto Rico (SAL) y quien tiene a su cargo la defensa del imputado.

El abogado destacó que Delgado Núñez estaba acusado de asesinato en primer grado, por lo que enfrentaba una pena de 99 años.

“En teoría él podría estar el resto de su vida en un hospital siquiátrico”, recalcó.

La determinación del juez D’Anglada Raffucci se concretó luego de escuchar  el testimonio de la doctora Eva Landrón quien, después  de evaluar al imputado, concluyó  que el hombre padece de sus facultades mentales. También en sala se presentó el informe de un perito del Estado.

“El juez los refirió para que se den vistas de seguimiento y se continúe evaluando a Roberto a través de los años a base de la peligrosidad que él presente a la sociedad”, agregó Parrilla Rodríguez.

La familia solicitó en más de 40 ocasiones su hospitalización involuntaria

Por otro lado, el licenciado aseguró que la familia de la víctima, Nilda del Carmen Núñez López, está satisfecha con el desenlace del caso ya que “entendían que esta era la ruta a seguir”.

“Ellos (los familiares) están conscientes de que Roberto tiene una condición mental seria”, comentó.

La muerte de la educadora fue el desenlace de una larga lucha que la familia oriunda del sector Los Delgado en Cidra mantuvo por años con varias entidades gubernamentales a las que recurrieron por ayuda para lidiar con los efectos que el trastorno de esquizofrenia tuvo en el matricida.

En el proceso, la familia recurrió al tribunal en más de 40 ocasiones para solicitar la activación del mecanismo de hospitalización involuntaria al amparo de la Ley 408 de Salud Mental de Puerto Rico.

“Precisamente, al momento de los hechos, Roberto estaba bajo una Ley 408 y estuvo en otros momentos hospitalizado bajo tratamiento bajo diferentes leyes. Lo que pasa es que si no se le da seguimiento y el Estado no asume su responsabilidad, que es lo que pasa con la gente que tiene estos problemas de salud mental, entonces acaban, a veces, en estas tragedias”, abundó el abogado defensor.

Parrilla Rodríguez destacó que los remedios legales solo permiten mantener ingresado de manera involuntaria a ciudadanos por espacios cortos de tiempo que oscilan de entre 72 horas hasta 15 días. Luego de esto, las personas regresan a la calle, en muchos casos sin haber sido debidamente tratados o estabilizados.

“Muchas familias no cuentan con las herramientas necesarias para bregar con estas situaciones o el dinero necesario para poder costearlos. Este fue el caso de Roberto, quien si hubiera conseguido una institución donde lo cuidaran y velaran para que se tomara los medicamentos tal vez esta tragedia se hubiera evitado”, opinó.

El licenciado mencionó que Delgado Núñez estuvo en hogares de este tipo, pero que su estadía se vio afectada por los recortes presupuestarios que han confrontado agencias como el Departamento de la Familia y la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (Assmca).

“A medida que van recortando los presupuestos de estas agencias disminuyen los espacios disponibles para camas en esos lugares donde se les da tratamiento y esas personas van quedando desprotegidas”, añadió.

Según ordenó el tribunal, Delgado Núñez debe ser transferido de la institución carcelaria en la que se encontraba a un hospital siquiátrico para su proceso de evaluación. La vista de seguimiento sobre las medidas de seguridad que requerirá su ingreso fue pautada para el 18 de julio.

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