Andrea Ruiz Costa

La familia Ruiz Costas se ha mantenido firme en su reclamo de transparencia a la rama judicial.> Carlos Rivera Giusti/ EL VOCERO

La jueza del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, Ingrid Alvarado Rodríguez, presentó la renuncia al cargo efectivo el 14 de diciembre y desde La Fortaleza confirmaron que la dimisión fue aceptada.

Alvarado Rodríguez es una de las dos juezas que vio el caso de Andrea Ruiz Costas, quien alegadamente fue asesinada por su expareja Miguel Ocasio Santiago. El cuerpo de la mujer de 35 años fue encontrado parcialmente quemado en Cayey.

La renuncia se produjo en momentos en que la Alianza Pro Trasparencia llevó el caso de acceso a los audios de las vistas de Ruiz Costas con las juezas hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Varias instancias judiciales, incluido el Tribunal Supremo de Puerto Rico, denegaron el pedido para que se dieran a conocer los audios de las vistas que resultaron en que no se le otorgara a Andrea la orden de protección que solicitaba en contra de su expareja.

La Oficina de la Administración de Tribunales confirmó la renuncia de la magistrada, pero no proveyó las razones que presentó la jueza. “La renuncia es efectiva el 14 de diciembre de 2021”, informó un portavoz de prensa de la rama judicial.

Cuando este medio preguntó por los motivos de la dimisión, el portavoz señaló: “No tengo ningún dato. El único dato que tengo es que en efecto presentó la renuncia. Los pormenores no los tengo”.

En tanto, la secretaria de Prensa de La Fortaleza, Sheila Angleró, confirmó “que se recibió hoy la notificación de la renuncia de la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez, efectiva el 14 de diciembre de 2021”.

Cuando se le preguntó si el gobernador Pedro Pierluisi aceptará la renuncia de la jueza —quien según ha trascendido públicamente es cuñada del presidente del Senado, José Luis Dalmau— Angleró repondió que “siempre se aceptan”.

“No puede ser un subterfugio”

La Alianza Pro Transparencia comunicó que la renuncia de la jueza no cambia el reclamo que han hecho para obtener los audios de las vistas del caso.

Reafirmaron que no se trata de debatir sobre la permanencia o no de uno de los empleados de la Administración de Tribunales, sino de que la rama judicial actúe con transparencia y garantice el derecho de acceso a la información pública que tienen todos los puertorriqueños.

 “La secretividad de los procesos públicos es lo que ha provocado la desconfianza en el sistema judicial. La renuncia de la jueza Alvarado no puede ser un subterfugio para desviar la atención de lo que realmente es importante. El poder Judicial actúa bajo el manto de la opacidad y la renuncia de una jueza no cambia ese panorama”, señalaron en declaraciones escritas.

La entidad está conformada por los gremios periodísticos Overseas Press Club (OPC) y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro).

El 29 de octubre, la  clínica de Libertad de Medios y Acceso a la Información (MFIA, por sus siglas en inglés) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale, en conjunto con la representación legal de la Asppro, solicitaron a la Corte Suprema de Estados Unidos que revoque un fallo del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que coarta todo acceso público a grabaciones sobre procedimientos judiciales que involucran violencia doméstica.

El recurso legal tiene como propósito que se revise el fallo emitido por el Tribunal Supremo estatal, porque entienden que no aplicó el derecho correctamente al impedir que se divulguen las grabaciones de la solicitud de protección de Ruiz Costas. 

“Insistimos en que, según se expresa en el preámbulo de los cánones de ética judicial de Puerto Rico: ‘en una sociedad democrática corresponde al poder judicial la función de interpretar las leyes y resolver los casos y las controversias de forma rápida, eficiente, sensible y justa. La independencia judicial, la administración efectiva e imparcial de la justicia y la confianza de la ciudadanía en su sistema de justicia contribuyen a afianzar y a consolidar las bases democráticas de nuestra sociedad”, sostuvo la alianza.

El trato de las juezas

Según se ha hecho público, Andrea llegó al Tribunal de Caguas, el pasado 25 de marzo, a solicitar una orden de protección que no le fue concedida. Al día siguiente, a las 7:50 p.m., tuvo la vista con la jueza Alvarado, que se divulgó el 10 de mayo pasado.

Un mes más tarde, su expareja supuestamente la asesinó y quemó el cuerpo. El hombre fue detenido y presuntamente se privó de la vida en la cárcel, en agosto pasado.

Poco después el audio de la vista fue divulgado por NotiCel y recoge en 12 minutos y 36 segundos el caso de Andrea, cuando narra la forma en que era acechada por Ocasio Santiago.

También revela las amenazas del hombre que le aseguraba que iba a divulgar contenido sexual y privado de su celular.

Al finalizar la narración, la jueza Alvarado le preguntó a Andrea: “¿Eso es todo?” Y denegó el pedido de orden de protección.

La Oficina de Administración de Tribunales hizo una investigación sobre la actuación de las juezas Alvarado Rodríguez y Sonya Nieves Cordero, la primera magistrada en atender el caso de Andrea.

Sin embargo, la investigación terminó archivada sin consecuencias para las magistradas. Se concluyó que no se cumplió con el estándar de prueba legal que se requiere para instar un procedimiento disciplinario contra las juezas.

El gobernador Pedro Pierluisi criticó entonces la exoneración de las magistradas.

EL VOCERO intentó obtener la reacción de la jueza presidenta del Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, pero al cierre de esta edición no se recibió respuesta.