Julia Keleher

Julia Keleher, exsecretaria de Educación.

La exsecretaria de Educación Julia Keleher y varios de los coacusados por fraude en el Departamento de Educación y en la Administración de Seguros de Salud (ASES), solicitaron al juez federal Pedro Delgado la desestimación de los cargos del pliego enmendado, así como la celebración de juicios separados.

Los abogados de Keleher, María Domínguez, Javier Micheo y Carlos Andreu, pidieron la desestimación de los cargos de fraude electrónico al argumentar “que no establecen como cuestión de derecho un elemento esencial de fraude electrónico y de que Keleher tuviera la intención de obtener dinero o propiedad de cualquier víctima”.

Asimismo, expone que las acusaciones relacionadas con el esquema de subcontratación de la compañía C&P, no establecen un delito. “No hay alegato de que el objetivo del plan fuera privar al DE de los fondos, ya que no hay alegato de que el Individuo C, no proporcionara los servicios por los cuales se facturó y pagó el DE. En el mejor de los casos, el presunto objetivo del esquema era la privación del derecho intangible del DE de garantizar que sus contratistas presten los servicios ellos mismos en lugar de subcontratarlos a terceros. Este derecho intangible no es un derecho de propiedad reconocible”.

Agrega la defensa que al igual que con el esquema de contratación de C&P, no hay alegato de que Keleher careciera de la discreción para modificar el contrato de C&P aunque este incumpliera la cláusula que prohíbe la subcontratación.

Plantearon que los contratos de C&P y BDO no prohibían a las empresas subcontratar compañías independientes.

Tanto Keleher, la extitular de ASES Ángela Ávila, el socio fundador de la firma de asesoría financiera BDO Fernando Scherrer y el contador público autorizado y propietario de Intelligent Grant Solutions (IGS), Aníbal Jover, solicitaron al juez la celebración de juicios por separado.

Los abogados de Scherrer, Juan Ramón Acevedo y Abbe Lowell, plantearon que el pliego contiene siete diferentes esquemas y que no todos los acusados están incluidos en las mismas conspiraciones, lo que puede confundir al jurado.

Mientras, Keleher y Scherrer solicitaron además documentos sobre la selección de los miembros del Gran Jurado que emitió el pliego enmendado. Entre estos figuran la religión de los jurados, el sexo, etnia, año de nacimiento, ocupación y código postal de estos, así como las transcripciones y las instrucciones que se les proveyó.

Los representantes legales de Scherrer expusieron que el Gran Jurado pudo haber estado prejuiciado por pasiones políticas.

“Si la fiscalía no llevó a cabo un voir dire (interrogatorio) en la selección del Gran Jurado que acusó a Scherrer, la Constitución ordena que este tribunal desestime la acusación… El clima político en Puerto Rico estaba acalorado y existía una fuerte presunción de culpabilidad de los acusados por dos tercios del grupo del Gran Jurado, en el momento que emitió la acusación enmendada”, indica la moción.

En cuanto a la desestimación de los cargos, la defensa de Scherrer afirmó que el acusado tenía derecho a que BDO pagara al coacusado Alberto Velázquez Piñol -contratista de BDO- una comisión para el desarrollo de negocios, por lo que no se violó la ley.

A su vez, alegaron que Scherrer tenía derecho a recibir documentos públicos y que esto no privó al gobierno de su propiedad.

Por su parte, el abogado de Jover, Francisco Rebollo, argumentó que los cargos contra su cliente son constitucionalmente débiles.

Expuso que las propuestas de los contratos de las empresas A, B y C no constituían información confidencial, por lo que ASES no se vio privada de ningún derecho. “La información pública era de dominio público”, apuntó Rebollo.

Planteó que el derecho de acceso público de información es garantizado por la Constitución de Estados Unidos y la de Puerto Rico. Por lo que el esquema de fraude electrónico no se sostiene. 

“Aunque la revelación de las propuestas de contrato por parte de Ávila y de Velázquez Piñol fuera incorrecta o ilegal bajo la Ley de Ética Gubernamental, es inconstitucional cuando se aplica al acusado que, como ciudadano privado, tiene el derecho constitucional de acceso a la información de asuntos gubernamentales de este tipo”, mantuvo Rebollo.

Expuso que si la cláusula de subcontratación exigía que el IGS utilizara solo a sus empleados o que mantuviera una relación de empleado con las personas a las que contrataba, la acusación no contiene un “plan para defraudar” en la medida en que no se alega o se implique un daño real o previsto a la propiedad. 

“Cualquier tergiversación en cuanto a la relación comercial entre IGS y sus subcontratistas no alteró la parte de ASES en el contrato y no causó ningún daño a la agencia como alega el pliego”, apuntó el letrado.

Insistió en que ASES recibió todos los servicios contratados y el pago se facturó de manera justa.

“Estos cargos se basan directa y exclusivamente en un simple incumplimiento de contrato, que no respalda un reclamo de fraude criminal. En teoría podría haber habido una conducta engañosa, según lo alegado pero, no un acto criminal subyacente. La conducta subyacente -facturar los servicios prestados por subcontratistas- puede haber sido argumentado como no autorizado, pero, no un acto ilegal”, sostuvo.