Arnaldo Claudio

Claudio comparecerá hoy ante Justicia como parte de la pesquisa del polémico chat de Telegram de Rosselló y sus allegados.

Luego de las expresiones públicas que hizo el exmonitor federal de la Policía, Arnaldo Claudio, contra el bufete McConnell Valdés —que representa al gobierno en el caso de la reforma de la Uniformada— el juez Gustavo Gelpí ordenó que se efectúe una evaluación del asunto, la cual recayó en el juez Francisco Besosa.

Este señaló una vista para el 12 de agosto a las. 9:00 a.m., a la cual deben comparecer Claudio, representantes de los gobiernos de Estados Unidos y de Puerto Rico, así como del Negociado de la Policía.

El miércoles, Claudio reveló que fue citado para comparecer hoy a las 10:00 a.m. al Departamento de Justicia como parte de la pesquisa sobre el polémico chat de Telegram en el que participó el exgobernador Ricardo Rosselló junto a funcionarios, asesores y exfuncionarios, y por el cual se vio obligado a renunciar.

“Como no he ido a Justicia todavía no quiero dar nombres, pero puedo señalar que hay un bufete de abogados que fue contratado por el gobernador de Puerto Rico para llevar a cabo la reforma de la Policía de Puerto Rico. Todavía no me he querellado en forma amplia y oficial, pero es una de las cosas que voy a llevar a cabo en mi exposición. Voy a querellarme formalmente contra McConnell Valdés, aunque realmente será un testimonio”, expresó Claudio a Radio Isla.

“Después de haber leído el chat (de Rosselló y sus allegados) hay una serie de personajes obviamente que llevaron a cabo el proceso de conspiración en contra mía, pero en estos meses he tenido la facilidad de sentarme, de leer un poco más sobre quién llevaba a cabo esa conspiración y hay otros personajes que están implicados en esta conspiración”, agregó el coronel.

Tras las declaraciones del exmonitor, Gelpí emitió una orden que indica que las partes en el caso de la reforma de la Policía le informaron sobre esas expresiones. Alegaron que la información que reveló públicamente es confidencial y/o producto del trabajo bajo el acuerdo de la reforma o que de otra manera viola el Código de Conducta Judicial.

“Si bien la corte no está al tanto de la naturaleza exacta de tales divulgaciones y, por lo tanto, no está en condiciones de tomar una decisión en este momento sobre el asunto, el que suscribe entiende que el mismo debe abordarse de inmediato”, reza la orden de Gelpí. Anticipó que se reunirá inmediatamente con las partes y el exmonitor para garantizar el cumplimiento del acuerdo, las reglas de privilegio y confidencialidad y el código de conducta.

Asimismo, abordará con las partes y con Claudio todas las preocupaciones del bufete, así como cualquier otro asunto que se considere apropiado.

La salida del monitor federal

El 14 de mayo Claudio dejó su puesto como monitor por razones “éticas, morales y de despilfarro de fondos del erario”.

“Sencillamente cierro la oficina porque en estos momentos mi ética y mi moral no me permiten apoyar la utilización de dinero del pueblo de Puerto Rico en pagos de abogados y otra entidades de la reforma. Hay un despilfarro del dinero público y prefiero salir y que se haga conciencia de eso. Cuando uno es jefe y ve irregularidades, pues es mejor salir del proceso y presentarlo”, dijo al anunciar su salida.

“Teniendo conocimiento de todo esto, también he perdido la confianza en cómo la corte y el Departamento de Justicia de Estados Unidos llevan a cabo este proceso y tristemente cómo el Departamento de Justicia de Puerto Rico fue sacado del caso pagándole $3.7 millones a un bufete (McConnell Valdés) en el cual existen parientes de personas involucradas en el proceso de la reforma”, agregó Claudio.

Mientras, el Departamento de Justicia local investiga el chat de Telegram en el que también participaron el exsecretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario; el exasesor legal del gobernador, Alfonso Orona y el presidente de la agencia de publicidad KOI, Edwin Miranda, y en el cual se conspiró para perjudicar a Claudio.

En el chat, Rosario afirmó que Claudio “será un dolor de cabeza para el 2020 ya que venía con agenda”... “Hay que meterle mano”.

En la conversación aparecen artículos de prensa que reseñan un informe de Claudio sobre represalias contra agentes de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), quienes fueron obligados transportar civiles en helicópteros de esa división por instrucciones de La Fortaleza. Ello, contrario a las disposiciones de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Hace unas semanas Claudio dijo a EL VOCERO que la conspiración para sacarlo de su puesto surgió temprano en 2017, cuando Orona citó a dos oficiales de la Policía para que indagaran sobre sus asuntos personales y de la reforma. Esta denuncia fue confirmada por la exsuperintendente de la Policía, Michelle Hernández, quien estuvo presente en esa reunión.

(2) Comentarios

Marcos Del Ensanche

Lo q tenia q suceder. Veremos

julio cancel

Otro que es parte del PROBLEMA.

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