Stephen Muldrow

El jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow. >ARCHIVO/EL VOCERO

Millisen Martínez Medina, acusada en nueve pliegos junto a varias personas por presuntamente participar en un esquema de fraude al programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA, en inglés) que ocasionó pérdidas en $419,580, negocia con la Fiscalía federal para llegar a un acuerdo.

Así trascendió durante la primera vista de estatus del caso ante el juez federal Gustavo Gelpí, en la que Juan Álvarez Cobián, representante legal de la coacusada Mary Benítez Ortiz y Jason González, abogado de Jonathan Rivera Gutiérrez, informaron al juez que se aprestan a reunirse con la fiscal Vanessa Bonano para resolver el caso.

Mientras, Bonano indicó que comenzó a proveer el descubrimiento de prueba a la defensa y que en los próximos siete días les suministrará las declaraciones de los testigos del gobierno.

El juez concedió a la defensa hasta el 15 de noviembre para la presentación de mociones previo al juicio. Asimismo, señaló para el 3 de diciembre la vista con antelación al juicio. Ese día se pautará la fecha del juicio.

Este es el primer caso presentado en el foro federal por fraude al PUA.

Diez acusaciones imputan a nueve personas el robo de dinero del gobierno federal y fraude postal. La acusación fue emitida por un gran jurado el pasado 7 de abril.

Según el pliego acusatorio, Martínez Medina, quien enfrenta 33 cargos por fraude postal, nueve por robo de dinero, nueve por mal uso del Seguro Social y dos cargos por robo de identidad agravada, recibió $54,870.

Los imputados recibieron el beneficio de desempleo por correo, mediante cheques, a sabiendas de que no estaban autorizados.

En este caso también fueron acusados José Daniel Le Hardy Figueroa, un empleado del Servicio Postal; Christoffer Pérez Vélez; Luis A. Flores Díaz, compañero consensual de Martínez Medina; Jonathan Rivera Gutiérrez; Jennifer Hernández Romero; Daniel Colón Díaz; Luis Cruz Reyes; Gabriel Robles Guzmán; Denisse Sánchez Ortiz y Félix Cruz Santana.

Los acusados enfrentan un cargo por confiscación del dinero que recibieron, por lo cual tienen que devolverlo. De ser hallados culpables, enfrentan sentencias de 20 años de cárcel por fraude postal y conspiración para cometer fraude postal; 10 años por robo de dinero; cinco años por uso indebido del número del Seguro Social, multas de hasta $250,000 y tres años de libertad supervisada.