Julio Fontanet

La petición de que se celebre un nuevo juicio para Eduardo Correa López —convicto por el asesinato de Yadira Delgado Candelaria en 2006, en Arecibo— así como la investigación de nuevos ángulos en el caso contra Antonio Ramos Cruz —uno de los culpados por la denominada Masacre de Trujillo Alto— son dos de los casos pendientes ante Proyecto Inocencia.

“El caso de Eduardo Correa es el caso más contundente que el Proyecto Inocencia ha tenido. Es el caso más claro y es una pena que se haya tardado tanto la adjudicación de este caso”, afirmó el director de la entidad, Julio E. Fontanet, en entrevista con EL VOCERO.

Destacó que para el 2016 el exsecretario de Justicia, César Miranda, instruyó a los fiscales del caso a que se realizara la prueba de ADN.

Empero, tras el cambio de administración, la extitular de esa agencia y ahora exgobernadora, Wanda Vázquez, dejó sin efecto la instrucción de Miranda y ordenó que el asunto se litigara, añadió.

Fontanet dijo que luego pasaron los huracanes Irma y María, lo que retrasó aun más el proceso. Posteriormente se ordenó que se efectuara la prueba de ADN.

Del resultado de las pruebas de ADN surge prueba exculpatoria, dado que tanto Correa López como la víctima —Delgado Candelaria— están excluidos de ser los donantes del cabello encontrado en la escena del crimen.

Indicó que otro cabello es de una tercera persona desconocida. Así las cosas, Proyecto Inocencia radicó la moción de nuevo juicio hace dos años.

“El caso está listo para que se adjudique y estamos muy confiados de que la decisión va a ser favorable”, apuntó.

El pasado 5 de febrero la jueza superior Glendaliz Morales anticipó que actualmente evalúa las transcripciones estipuladas por las partes y que tan pronto concluya la misma estará en posición de emitir su determinación.

El cuerpo de Delgado Candelaria fue encontrado en su cama con múltiples heridas punzantes el 29 de noviembre de 2006.

Caso de Ramos Cruz

Fontanet reveló que Proyecto Inocencia investiga nuevos ángulos en el caso de Antonio Ramos Cruz, uno de los acusados por el asesinato de Haydeé Maymí y sus hijos Eduardo y Melissa de cinco y tres años, ocurrido en su residencia en Trujillo Alto, el 25 de junio de 1989.

Ramos Cruz y el coacusado Juan Carlos Meléndez Serrano fueron condenados a 297 años de prisión. En noviembre de 2019, el Tribunal Supremo denegó la celebración de un nuevo juicio.

En junio de 2017, la jueza del Tribunal de Carolina, Berthaida Seijo, acogió la solicitud de la defensa para la celebración de un nuevo proceso judicial al concluir que había una reciente prueba que no estuvo disponible para ser aquilatada por el jurado que los encontró culpables. La prueba consistía en un análisis de ADN mitocondrial de tres vellos púbicos en la ropa interior de la víctima, que indicaba que la muestra de ADN era de la propia perjudicada o de alguien en la línea materna de la víctima.

El letrado no anticipó los ángulos investigados. Asimismo, agregó que Proyecto Inocencia investiga dos casos contra dos que fueron sentenciados a cadena perpetua. Tampoco ofreció detalles de los casos.

“Estamos investigando para ver si nos convencen de su inocencia. Estamos a punto de decidir”, indicó.

Pendiente proyecto en la Legislatura

Fontanet instó a la Legislatura a aprobar el Proyecto del Senado 56 —de la autoría de Thomas Rivera Schatz— que crea la Junta de Revisión de Condenas Erróneas, para evaluar reclamaciones en casos ya adjudicados en donde se plantee la inocencia de una persona acusada mediante evidencia nueva.

Recordó que un proyecto a esos fines —radicado por el senador Henry Neumann— había sido aprobado por la legislatura en el pasado cuatrienio y que la exgobernadora Vázquez lo vetó.

“Lamentablemente, lo vetó sin explicación de clase alguna”, puntualizó.

Informó que le pidió al designado secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, que los ayude a conseguir la aprobación del proyecto y la eventual firma del gobernador Pedro Pierluisi.

Expuso que el Innocence Project Network, al cual Proyecto Inocencia está afiliado, ha hecho estudios que permiten concluir que entre el 4% al 6% de las personas presas en Estados Unidos, han sido condenados erróneamente.

“Se identifican las causas típicas como conducta inapropiada del sistema, confesiones falsas, ‘junk science’, testimonios periciales que no son confiables e identificaciones poco confiables. Evidentemente, pueden extrapolarse a Puerto Rico. Básicamente, el mismo sistema de justicia penal, los mismos derechos. Así que se puede extrapolar y evidentemente no hay ninguna persona seria que pueda decir en Puerto Rico que todos los que están presos verdaderamente son culpables. Nadie puede ser tan ignorante de hacer una aseveración de ese tipo”, apuntó.

Señaló que el trabajo del Proyecto Inocencia es identificar esos casos.

“Por eso el Proyecto tarda dos años en investigar bien los casos, para estar seguros de que la persona de la que asumimos la representación es inocente”, concluyó.