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Alrededor de un tercio de los 10,000 empleados públicos que se sospecha solicitaron y obtuvieron pagos del programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por siglas en inglés) trabajan en distintas agencias bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública (DSP), de acuerdo con fuentes enteradas.

Presuntamente la mayoría de ellos labora en el Negociado de la Policía, otros en Emergencias Médicas, en el 9-1-1 y en el propio Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), al que le corresponde investigar una parte importante de los casos.

La cifra de 10,000 empleados públicos —incluyendo trabajadores municipales— ha sido señalada oficialmente por la secretaria interina del Departamento de Justicia, Inés Carrau, y por el secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, en entrevistas recientes con EL VOCERO. Otras fuentes señalan que pueden alcanzar los 15,000.

Pedro Janer, secretario del DSP, respondió por escrito a la solicitud de este rotativo y dijo que “sobre posibles casos de fraude al PUA en empleados del DSP —de probarse una acusación— será motivo de destitución. Sobre casos del PUA en general, de ser referido cualquier caso relacionado, se atenderá como establecido en ley”.

La Policía mantiene alrededor de 20 agentes en la División de Robos a Bancos atendiendo unos 70 casos —que comenzaron el 14 de julio— de individuos intervenidos cambiando cheques del PUA obtenidos fraudulentamente y con licencias falsificadas.

Los casos de los supuestos agentes de la Uniformada no han sido referidos a investigación, y fuentes del DSP señalan que en el NIE no llegan a cinco los agentes que podrían trabajar los supuestos 10,000 casos en que se sospecha que empleados públicos cometieron fraude al PUA.

Por su parte, el comisionado de la Policía, Henry Escalera Rivera, dijo que le había pedido al Departamento del Trabajo la lista de supuestos integrantes de la Policía que se sospecha cometieron fraude para depurarlas y ver cuántos ya no trabajan en la agencia.

La lista no le ha sido entregada, pero advirtió que los agentes serán investigados administrativa y criminalmente.