Testigos de jehová

Tras considerar la crisis fiscal por la que atraviesan los municipios del País, el juez federal Gustavo Gelpí levantó sanciones o redujo las multas contra varios ayuntamientos que previamente habían incumplido órdenes en relación con la demanda interpuesta por los Testigos de Jehová, quienes buscan acceso a urbanizaciones cerradas para llevar su prédica casa por casa.

“Considerando el cumplimiento de varias municipalidades con las órdenes de la corte, así como la crítica situación financiera y los significativos cortes presupuestarios que afectarán todas las municipalidades en Puerto Rico, el que suscribe levanta las sanciones contra Bayamón, Gurabo, Trujillo Alto, Yauco y Vega Baja. Aquellos como Ponce, Dorado y Guaynabo se les reducen (las multas) a $200, $150 y $100, respectivamente”, señala la orden de Gelpí.

“Los mismos serán depositados en la secretaría del Tribunal Federal en o antes del 1 de agosto. La suma de las sanciones previamente impuestas ahora beneficiará a las municipalidades, en vez de ir a las arcas del

Departamento del Tesoro de Estados Unidos”, agrega el documento.

No obstante, advierte que cualquier incumplimiento de la orden resultará en sanciones y en el restablecimiento de las sanciones previas.

En 2013 el juez impuso sanciones por el incumplimiento de órdenes previas que disponían que los municipios se aseguraran de que las urbanizaciones con control de acceso permitieran la entrada de los demandantes.

Al municipio de Bayamón se le había impuesto una multa de $1,900; $1,400 a Dorado; $8,800 a Gurabo; $14,100 a Ponce; $2,500 a Trujillo Alto; $2,100 a Yauco y $3,100 a Vega Baja.

Los municipios de San Juan, Caguas y Santa Isabel, que habían sido demandados originalmente, no fueron sancionados porque cumplieron rápidamente con las órdenes de la corte.

En 2015 los municipios de Dorado y Ponce enfrentaron problemas de incumplimiento. Recientemente a Dorado se le había impuesto una sanción adicional de $1,250 y $3,000 en honorarios de abogados. A Ponce también se le había impuesto multas adicionales.

El juez menciona que anteriormente había dispuesto que en vez de que las multas fueran depositadas en el Tribunal Federal, las mismas fueran entregadas en una cuenta de depósito en garantía. Ello, con la intención de utilizar las sanciones monetarias para administrar seminarios legales relacionados con la implementación de la Ley de Control de Acceso.

El 18 de mayo de 2004, los Testigos de Jehová radicaron una primera demanda en el Tribunal Federal contra el gobierno de Puerto Rico, varios municipios y urbanizaciones con controles de acceso por impedir su prédica casa por casa. Los ayuntamientos demandados fueron Aguada, Aguas Buenas, Añasco, Arecibo, Barceloneta, Cabo Rojo, Camuy, Canóvanas, Carolina, Cataño, Cayey, Cidra, Coamo, Corozal, Fajardo, Florida, Guánica, Guayama, Hatillo, Hormigueros, Humacao, Isabela, Juana Díaz, Loíza, Luquillo, Manatí, Mayagüez, Naguabo, Patillas, Río Grande, Salinas, San Germán, San Lorenzo, Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta, Villalba y Yabucoa.

El 30 de junio de 2016, los religiosos ampliaron su reclamo a los municipios de Bayamón, Ponce, San Juan, Dorado, Gurabo, Caguas, Santa Isabel, Vega Baja, Yauco y Trujillo Alto.

El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito y el Tribunal Supremo de Estados Unidos fallaron a favor de los religiosos.

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