Cuartel General

El Cuartel General de la Policía en Hato Rey.

El monitor federal de la Reforma de la Policía, John Romero, concluyó en su primer informe al juez Gustavo Gelpí que la Uniformada ha logrado el cumplimiento en varias áreas establecidas en el acuerdo de este caso, incoado por la división de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal.

El informe comprende el periodo entre octubre de 2018 a junio de 2019. El reporte trata de tres de las 11 áreas del acuerdo: política y procedimientos; uso de la fuerza e información tecnológica. 

“La evaluación general del monitor sobre la política y procedimientos de la Policía, encuentra niveles sustanciales de cumplimiento con el acuerdo. El monitor además encuentra que este nivel de cumplimiento se debe, en gran medida, al extenso periodo de capacitación otorgado a la Policía en virtud del acuerdo y la Policía utilizó para llevar a cabo una modernización y profesionalización significativo en estrecha colaboración con la equipo de monitoreo”, señala el informe. 

Sin embargo, expuso que todavía hay áreas importantes de incumplimiento parcial o con el acuerdo, incluidos los requisitos de que la Policía incorpore todos los cambios de políticas y procedimientos en los manuales y ponga todos esos documentos a disposición del monitor para su revisión.

En cuanto al uso de la fuerza, Romero concluyó que ha habido un sustancial cumplimiento en el desarrollo de la política pública, y la documentación de los entrenamientos, entre otros.

Comenta que durante la protesta del 1 de mayo de 2019, en la Milla de Oro, la Uniformada respondió al evento con acciones apropiadas destinadas a garantizar el derecho de los manifestantes a la liberad de expresión.

Concluye que de acuerdo con su plan de despliegue y las políticas y procedimientos aplicables, la Policía estableció un diálogo positivo con los organizadores y participantes del evento. Se proporcionaron documentos adicionales al Equipo de Monitoreo durante la preparación del presente informe, lo que permitió al monitor concluir que la respuesta del control de multitudes a este incidente fue consistente con las políticas existentes.

Propuso que se efectúe entrenamientos y que haya una supervisión adicional a los oficiales para eliminar el lenguaje repetitivo y el estereotipo de estos informes de incidentes.

De otra parte, afirmó que la Uniformada asumió un compromiso “masivo” de esfuerzo y recursos para redactar más de 150 nuevas políticas y procedimientos, así como para capacitar y certificar a los oficiales. “Elogiamos este esfuerzo y consideramos que la Policía cumple sustancialmente con el requisito de redactar nuevas políticas. La capacitación sobre políticas se evaluará en futuros informes”, comentó.

En cuanto a la implantación de sistemas y tecnología, consideró que la Policía se mantiene “apreciablemente detrás de otras agencias de la Policía en Estados Unidos de tamaño y responsabilidad geográficamente comparables”.

De igual forma, recomienda que la Uniformada integre sistemas de transformación electrónica y sistemas de registros.

“Los retrasos en el establecimiento de la capacidad analítica tanto de la máquina como del ser humano afectan negativamente la capacidad de la Policía para capturar y analizar datos de vigilancia operativa en tiempo casi real”, indica el informe.

Menciona un total incumplimiento en el acceso a la data de crímenes y en proporcionar a los supervisores de dispositivos de grabación portátiles.

La Reforma de la Policía surgió como parte de un acuerdo entre el Estado Libre Asociado y el Departamento de Justicia estadounidense tras la demanda interpuesta por esta agencia en diciembre de 2012 contra la Uniformada por violaciones de los derechos civiles a los residentes de la Isla.