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Los representantes legales de Natal plantean que la evidencia es pertinente y necesaria para la adjudicación justa del pleito. > Archivo / EL VOCERO

 

 
 

El excandidato a la alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal, sufrió un revés luego de que el Tribunal de Apelaciones declaró ayer no ha lugar su petición de auxilio de jurisdicción para que se le permitiera presentar como evidencia documentos durante la vista en su fondo de la demanda sobre supuestas irregularidades en los resultados de la elección en la capital en los pasados comicios generales.

“El foro recurrido es quien mejor conoce las interioridades del caso y está en mejor posición para tomar las medidas que permitan el adecuado curso del caso hacia su final disposición. De otra parte, entendemos meritorio consignar que el asunto aquí en controversia no es uno evidenciario, como pretende hacernos ver el peticionario. Por consiguiente, se hace innecesario considerar los argumentos sobre la admisibilidad o pertinencia de la evidencia excluida por el foro a quo”, reza la resolución del panel compuesto por los jueces Waldemar Rivera Torres, Grisel Santiago Calderón y Eileen Barresi Ramos.

Afirman que surge del trámite procesal que el 14 de marzo el peticionario presentó durante la vista una moción de oferta de prueba, la cual se encuentra bajo la consideración del Tribunal de Primera Instancia.

“No podemos obviar que el pleito tuvo su origen el 14 de enero de 2021 y que la orden para presentar la evidencia fue emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 4 de marzo. Por lo que transcurrió un término de 45 días -hasta el 8 de marzo-, lo que constituyó un plazo suficiente para que Natal estuviese preparado adecuadamente para el juicio”, agregó.

Mientras, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) objetaba la petición del otrora legislador popular.

Los representantes legales de Natal plantearon que la evidencia es pertinente y necesaria para la adjudicación justa del pleito.

De igual forma, exponen que la exclusión de los documentos causa un daño irreparable en violación al debido proceso de ley y al derecho del recurrente a ser escuchado.

Afirmaron que el juez de Primera Instancia, Anthony Cuevas, erró al abusar de su discreción al ordenar la exclusión de la evidencia consistente en documentos públicos que forman parte del expediente administrativo de la elección general de 2020.

El 4 de marzo, Cuevas dispuso que aquella prueba documental que no hubiese sido presentada mediante moción en o antes del 8 de marzo al mediodía no iba a ser admitida en la vista, salvo aquella prueba de refutación.

Natal exponía que la orden de Primera Instancia fue clara al únicamente requerir una lista de la evidencia y no la presentación de evidencia a utilizarse en la vista en su fondo. “Todas las partes interpretaron razonablemente lo mismo y no incluyeron copia de la prueba listada, excepto la parte recurrida, Sr. (Miguel) Romero Lugo”, acotó.

Indicaba que en este caso el foro judicial tuvo alternativas menos onerosas para proteger la búsqueda de la verdad y los derechos de las partes recurrentes a su debido proceso de ley.

Asimismo, mantuvo que la orden viola el debido proceso de ley de la parte recurrida y crea resultados inconsistentes con otros casos de naturaleza electoral, donde Cuevas ha emitido órdenes similares sin imponer el requisito de que se añada la prueba listada junto con la moción informativa.

“La expedición del auto de certiorari y el auxilio de jurisdicción servirán para evitar un fracaso de la justicia. Ni siquiera el Código Electoral de 2020, en su Art. 10.15, impone a una parte peticionaria de una impugnación de elección el requisito de tener que producir la prueba antes de las vistas en su fondo”, reza la moción de Natal.

Asimismo, sostuvo que disponer lo contrario sería añadir requisitos onerosos a los asuntos de naturaleza electoral que son inconsistentes con la celeridad y carácter sumario que deben tener los mismos.

Natal impugnó los resultados de la alcaldía de San Juan, que le dieron la victoria a Romero Lugo, al alegar que hubo irregularidades durante el evento electoral. Específicamente, en la adjudicación de papeletas de voto ausente y voto adelantado. Plantea que hay 6,500 papeletas municipales ilegales, lo que significa el 43% de los votos reportados en la Unidad 77.

La radicación del recurso legal por parte de Natal ante el Tribunal de Apelaciones no detuvo el proceso judicial, que se reanuda hoy en la sala del juez Cuevas.

Argumentos de la CEE

Por su parte, la CEE había solicitado al Tribunal de Apelaciones que declarase ha lugar su moción de oposición y denegara el auxilio de jurisdicción solicitado por Natal.

La CEE indicó que “según su propia petición, el máximo que se alega de papeletas municipales es de 1,487 (impugnación de la elección). Sin embargo, de las actas sometidas por el recurrente solo surgen protestadas 70 papeletas sin doblez. De las demás actas no surge protesta en las papeletas municipales. Habiendo una ventaja de 3,465 votos, dichas papeletas protestadas no tienen ningún efecto sobre la elección impugnada”.

“El único fracaso irremediable de la justicia que presenta el asunto de epígrafe es que se le permita a la parte recurrente continuar dilatando el asunto, lo fraccione y después de todo trámite no es posible que cambie el resultado de la elección. Después de todo, el error alegado no resultará uno realmente perjudicial pues no hay más de 3,465 papeletas municipales impugnadas en las actas que se excluyeron de ser presentadas en evidencia. Solo hay 70 papeletas impugnadas, según previamente explicado”, planteó la CEE.