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Elías Sánchez, quien fue representante del gobernador en la Junta Federal de Control Fiscal, objetaba la entrega de su teléfono celular. 

Un panel del Tribunal de Apelaciones determinó que ni el cabildero Elías Sánchez ni el publicista Edwin Miranda tienen que entregar sus celulares al Departamento de Justicia, que investiga el polémico chat en “Telegram” que le costó la gobernación a Ricardo Rosselló.

“Es evidente que el interés del ministerio público por llevar a cabo una investigación criminal no puede sortear la protección constitucional de las personas con respecto a sus personas y pertenencias. Dada la inexistencia de una orden de registro y allanamiento que lo permitiera, resulta improcedente que el Tribunal recurrido hubiera instrumentado el deseo investigativo del estado por vía de una reglamentación sobre citación de testigos en sustitución de una orden formal de registro y allanamiento”, reza la orden del panel integrado por los jueces Erik Ramírez Nazario, Carlos Candelaria Rosa y Miguel Cancio Bigas.

Señala que la función judicial en tal contexto debió acontecer para dirimir y adjudicar la intervención gubernamental, en lugar de solo para posibilitarla sobre bases jurídicas inadecuadas.

“En función de lo expresado, resulta forzoso concluir que el foro primario excedió el ámbito de discreción que nuestro ordenamiento le concede al ordenar la entrega de los teléfonos móviles en cuestión bajo apercibimiento de desacato al Departamento de Justicia, en ausencia de una orden de registro y allanamiento que lo justificara. En consecuencia, se expide el auto solicitado y se revoca la resolución y orden del Tribunal de Primera Instancia”, señala el documento. 

“Resulta contraintuitivo o como mínimo un extraño método de investigación policial, que el ministerio público quisiera investigar el contenido de un chat virtual contemplado meramente en la carcasa física de un teléfono móvil, así tal cual, sin acceder a su contenido”, agrega.

Por su parte, Sánchez indicó en declaraciones escritas que “en el día de hoy (ayer) el Tribunal de Apelaciones ha vindicado nuestra Constitución y los derechos que esta le garantiza a todos los puertorriqueños para que cualquier intervención del gobierno con sus pertenencias privadas, incluyendo sus teléfonos celulares, tenga que hacerse mediante la obtención de una orden judicial válida que esté apoyada en causa probable y que proteja el derecho a la intimidad y privacidad de los ciudadanos sin importar su identidad, afiliación política o la situación bajo investigación”.

“Para ello nunca será suficiente una mera citación por parte del Departamento de Justicia. En ese sentido esta decisión no es para proteger a nadie en particular, sino para hacer valer los derechos constitucionales de todos los puertorriqueños. Esa es la ventaja de tener un sistema judicial fuerte, que haga valer nuestra Constitución y no sucumba ante las presiones públicas o ante actuaciones indebidas del gobierno”, acotó.

Sánchez y Miranda acudieron por separado ante el Tribunal de Apelaciones para disputar la resolución y orden del Tribunal de Primera Instancia de San Juan que dispuso la entrega de los aparatos de comunicación.

El Departamento de Justicia efectúa una investigación sobre el chat de Telegram en el que participó Rosselló junto a varios asesores y funcionarios, en el que se hicieron comentarios homofóbicos, sexistas y burlones y se trataron asuntos de política pública, gobernanza y estrategias de campaña.

Los restantes participantes del chat entregaron sus móviles a la División de Crímenes Cibernéticos de Justicia: el exgobernador, Ricardo Rosselló; el exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario; el exasesor del gobernador, Alfonso Orona; el exsecretario de la gobernación, Ricardo Llerandi; el exsecretario de Estado, Luis Rivera Marín; el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado; el exdirector de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Christian Sobrino; el exdirector de la Autoridad de los Puertos, Anthony Maceira; y el exasesor de prensa, Rafael Cerame.