Gelpí

El juez del distrito de Puerto Rico, Gustavo Gelpí. >Carlos Rivera Giusti/EL VOCERO

El juez federal Gustavo Gelpí dispuso que, de ahora en adelante, los acuerdos a los que lleguen el monitor federal del caso del Programa para Personas con Discapacidad Intelectual (Dspdi, por sus siglas en inglés), Alfredo Castellanos, y el Departamento de Salud de Puerto Rico, no tendrán que ser comunicados a la corte mediante mociones informativas.

“Dado el alto nivel de compromiso, cooperación y colaboración que el Dspdi ha demostrado durante los primeros cuatro meses de 2021, todos los asuntos del día a día que las partes y el monitor acuerden, no necesitan ser objeto de mociones informativas ni de otro tipo de autorización. Este es el espíritu de camaradería que la corte prevé en los casos de decretos por consentimiento. Idealmente, la mayoría, si no todos los asuntos, se pueden resolver en conjunto y sin la intervención del tribunal, para el beneficio final de los participantes. El decreto de consentimiento tiene que ver con los participantes. Mantengámoslo así”, reza la orden de Gelpí.

Esta nueva orden contrasta con múltiples disposiciones anteriores, debido al enfoque litigioso del Departamento de Salud bajo la pasada administración con relación a este caso.

Particularmente, por la negativa del Dspdi en proporcionar información vital al monitor durante el pasado año.

En el 2019, el juez emitió una orden de desacato civil por la administración de unos $20 millones en fondos asignados al programa, en violación a varias órdenes de la corte.

En el más reciente informe de Castellanos sobre este caso, que comprende el periodo entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, se indicó que el nivel de cumplimiento del Dspdi, adscrito al Departamento de Salud, disminuyó de un 24% a un 9% en comparación con el año 2019, siendo el nivel más bajo desde la aprobación del acuerdo.

El 21 de abril de 1999 la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal demandó al Estado Libre Asociado (ELA) por las alegadas violaciones de los derechos de los participantes del programa.