Néstor Alonso

En la foto Néstor Alonso Vega. >Carlos Rivera Giusti/EL VOCERO

La fiscalía federal solicitó al juez federal Raúl Arias que deniegue la petición de la defensa del exrepresentante Néstor Alonso Vega, para que se le ordene a la fiscalía federal proveer el descubrimiento de prueba a su cliente bajo el sistema de lectura “Braille” u otro método que le facilite asistir en su defensa.

“La moción del acusado debe ser denegada ya que la Ley de Ciudadanos Americanos con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), no se aplica al gobierno federal. No hay duda de que el acusado está discapacitado y que tiene razón en que la Ley ADA prohíbe una amplia gama de discriminación por parte de entidades públicas basada en esa discapacidad..Sin embargo, el Gobierno Federal no es una entidad pública bajo la ADA”, señala la moción radicada por el fiscal Scott Anderson.

“Incluso si el gobierno federal fuera una entidad pública, la aceptación de la solicitud del acusado equivaldría a una enorme carga indebida. Es responsabilidad del abogado revisar y discutir la evidencia con su cliente, sin importar si su cliente puede ver. Y conceder su solicitud será infructuoso con respecto a la mejor evidencia en este caso: las grabaciones encubiertas de video y audio del acusado discutiendo y recibiendo los sobornos”, agregó el fiscal.

El pasado 7 de septiembre el abogado del acusado Michael Corona planteó que una entidad pública no puede negar los beneficios, servicios, programas o actividades a una persona calificada con discapacidad.

Recordó que el Departamento de Justicia federal promulgó un reglamento que requiere a las entidades públicas efectuar modificaciones razonables en su política, prácticas y procedimientos para evitar el descrimen.

Alonso Vega fue acusado por un gran jurado por presuntamente participar en un esquema de fraude entre $40 mil a $80 mil.

Contra el expolítico pesan cargos por robo de fondos del gobierno de Puerto Rico, soborno y comisiones ilegales “Kickbacks” y fraude electrónico de sus servicios honestos.

El legislador que se expone a un máximo de 20 años de prisión, se encuentra en libertad bajo fianza.

Se alega que a principios de 2018, el expolítico infló el salario de la “Persona A”, de $760 quincenales a $1,446.52. A partir de mayo de 2018, incrementó el salario a $2,043.08.

A partir de julio de 2018, el salario de la “Persona A”, se redujo a $1,417, debido a un recorte presupuestario. Sin embargo, a partir de octubre de 2019, el salario gubernamental neto de la “Persona A”, volvió a aumentar a aproximadamente $2,270.68 y se mantuvo en ese nivel hasta julio de 2020, cuando dejó de laborar en su oficina.

De acuerdo al pliego, de cada cheque del salario inflado, se acordó que la “Persona A” tenía que devolver la mitad del monto total del aumento cada día de pago.

El acusado utilizó una variedad de medios para recibir los pagos ilegales. En ocasiones la “Persona A”, transfería el dinero mediante ATH móvil.