FURA

Un piloto de la Policía se negó a trasladar a Pérez en un helicóptero de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA).

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) investigará el incidente en el que presuntamente se le instruyó a un piloto de la Policía el traslado de la directora ejecutiva de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Mara Pérez, en un helicóptero de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) desde Vieques, confirmó la agencia a EL VOCERO.

El piloto y segundo teniente José Estrada Almodóvar denunció en primicia a este diario que rehusó transportar a la funcionaria a la isla grande para no incumplir con las regulaciones de la FAA, las cuales prohíben el traslado de civiles en las aeronaves de FURA por estar clasificadas como “public aircraft”. Violar estas regulaciones federales conllevaría la pérdida de su licencia.

“Puede reportar que la FAA investigará. Sin embargo, no discutimos investigaciones abiertas”, respondió la oficial de prensa de la agencia federal, Kathleen Bergen, en declaraciones escritas a preguntas de este medio.

Mientras, el sargento Gregorio Matías, vicepresidente de la Asociación de Policías Organizados (APO), indicó que se comunicó con personal de la FAA y le confirmaron que la pesquisa está dirigida a la falla en las instrucciones que imparte la Uniformada.

Afirmó que el Negociado de la Policía adquirió unas naves que no cumplían con los requisitos para ser operadas por la agencia porque no cuentan con las especificaciones para la transportación de civiles.

Matías recordó que el transporte de civiles comenzó bajo la administración de Alejandro García Padilla, la cual compró los helicópteros.

“La FAA no estaba pendiente. Cuando ellos se percatan les dicen ‘ahora estamos pendientes’. Esto estaba pasando antes, pero nadie se había fijado ni querellado. Cuando ellos se percatan es que viene el agravante para los pilotos. La FAA coge a los pilotos y les dicen ‘ustedes saben que su licencia no les permite hacer esto’, aquello y lo otro”, dijo el dirigente policial.

Agregó que “entonces, como lo hacían los populares, piensan (el presente gobierno) que la FAA lo está haciendo ahora de maldad. Y cuando surge el señalamiento, la FAA toma acción y les prohíbe a los pilotos que monten a civiles. Eso lo prohíben abiertamente, no pueden montar civiles en las naves porque no tienen las especificaciones para eso”, acotó Matías, quien aspira a ocupar un escaño en la Legislatura.

La renuencia de Estrada Almodóvar a seguir la orden de viajar a Vieques para recoger a Pérez culminó con su traslado al distrito policiaco de Morovis. La titular de la ATM intentaba salir de la Isla Nena, donde estuvo varada por varias horas, ya que residentes viequenses que se oponen a su gestión al frente de la agencia impidieron que abordara la embarcación que la traería a la isla grande.

Al piloto se le negó ofrecer su versión de los hechos al ser citado a la Superintendencia Auxiliar de Operaciones de Campo (SAOC), en el Cuartel General de Hato Rey.

Estrada Almodóvar, con 28 años de experiencia, tiene 30 días para apelar la determinación en su contra. Este indicó que tras su salida solo quedan tres pilotos en la unidad aérea. Destacó que para volar las naves Bell, modelo 429, se requieren 1,000 horas de experiencia.

EL VOCERO solicitó una reacción del Departamento de Seguridad Pública (DSP) sobre la determinación de la FAA, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Trasladado tras viaje de Rosselló

El caso del piloto Miguel Serrano, quien lleva 21 años en la Uniformada, 14 de ellos en la unidad aérea, es muy parecido al denunciado por Estrada Almódovar.

Serrano fue el piloto intervenido por la FAA el 5 de julio de 2018 en momentos en que arribaba al aeropuerto de Isla Grande tras llevar al entonces gobernador Ricardo Rosselló y a su esposa Beatriz a una actividad oficial.

Al ser cuestionado sobre la razón de su traslado, respondió: “No podría decir las razones por las cuales se me trasladó fulminantemente. Pero sí le puedo decir que fui el piloto que detuvo los vuelos de civiles, incluyendo a la primera familia del País, porque lo di por escrito, que no iba a realizar más vuelos con civiles, incluyendo la figura del gobernador porque la FAA había intervenido con mi persona”.

El 6 de febrero pasado le notificaron su traslado al precinto 154 de Naranjito, como medida cautelar. “Un traslado cautelar es cuando los funcionarios tienen querellas de hostigamiento sexual, laboral o ya una situación a otros niveles y a mí nunca se me habló de eso”, observó Serrano.

Agregó que le radicaron querellas por tres investigaciones administrativas por supuesta insubordinación, conducta impropia, negligencia e ineptitud en los deberes. Dijo que tres de las mismas no se sostuvieron y que espera la resolución de la última.

“No pudieron comprobar ni con una cintila de evidencia de que haya cometido los actos que se me estaban imputando. A mí se me refirió al psicólogo de la Policía para evaluar si estaba apto y en menos de 14 días estipuló que estaba apto para continuar con mis funciones y deberes del cargo”, comentó el piloto.

Serrano, quien actualmente se desempeña como comandante auxiliar, explicó que los helicópteros Bell, modelo 429 de la unidad aérea de FURA no tienen la certificación requerida para una operación comercial. “Por esa razón no podemos montar civiles, a menos que ese civil esté directamente atado con la misión que se lleva a cabo. No se nos había explicado que solo se podía trasladar al gobernador si hubiese estado en una situación de peligro”, apuntó.

Señaló que aunque en su caso la FAA no le suspendió su licencia, tras ser entrevistado el incidente con la familia Rosselló fue incluido en su expediente de piloto.

Hace unos meses este rotativo informó que el Departamento de Transportación de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) investigaba el uso ilegal de la flota de FURA y violaciones de los sistemas de seguridad bajo la incumbencia de Rosselló.