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El juez federal Gustavo Gelpí ordenó a las partes en el pleito incoado por parejas homosexuales contra el gobierno de Puerto Rico por no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, a presentar en o antes del 20 de enero de 2021 si el nuevo Código Civil resuelve el asunto y el tribunal no tiene que continuar con la jurisdicción en este caso.

El 25 de marzo de 2014, la abogada y activista por los derechos de la comunidad homosexual Ada Conde Vidal y su esposa Ivonne Álvarez Vélez, demandaron a la exsecretaria de Salud, Ana Ríus ya la directora del Registro Demográfico, Wanda Llovet, para que se reconociera en Puerto Rico como legal y legítima su unión, celebrada en el estado de Massachusetts el 2 de agosto de 2004.

La demanda fue enmendada para ampliar el alcance del pleito para que se legalizaran los matrimonios del mismo sexo.

“Dadas las recientes enmiendas al Código Civil de Puerto Rico, las partes deberán presentar escritos simultáneos que aborden si la jurisdicción de la ejecución ya no es necesario. En otras palabras, las partes deben discutir si el Código Civil actual es consistente con el control de la jurisprudencia de la Corte Suprema (federal) sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Las partes presentarán sus escritos no más tarde del 20 de enero de 2021 ”, reza la orden de Gelpí de ayer.

Sobre el recurso legal

El recurso legal alega que la prohibición del matrimonio en Puerto Rico discrimina contra las parejas Lgbttq + y sus hijos, al catalogarlos como personas de segunda clase que son “indignos de protección legal, el respeto y apoyo que las parejas de distinto sexo y sus familias son capaces de disfrutar a través del matrimonio ”.

Otras parejas que se unieron al pleito fueron: Maritza López Avilés e Iris Delia Rivera, José Torruellas Iglesias y Thomas Robinson, Yolanda Arroyo Pizarro y Zulma Oliveras Vega y Johanne Vélez y Faviola Meléndez.

El 12 de abril de 2016, Gelpí declaró inconstitucional la prohibición de las uniones civiles entre parejas del mismo sexo.

“Se declara inconstitucional el artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico, al igual que otras leyes federales y estatales que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo o que no reconocen los matrimonios válidos de otras jurisdicciones”, reza la orden del juez en ese entonces.

En su sentencia del 2016, la corte retuvo competencia para hacer cumplir la misma.