Cárcel

Un confinado radicó un recurso legal contra Hacienda para que se le ordene corregir la información sobre la elegibilidad para recibir beneficios del programa federal.

El juez Anthony Cuevas, del Tribunal de San Juan, ordenó al Departamento de Hacienda (DH) solicitar una enmienda al Plan de Distribución para eliminar la exclusión de las personas privadas de libertad, para que soliciten el Pago de Impacto Económico (Cares Act).

“Se ordena emitir una certificación en la cual conste el envío de una propuesta del plan de distribución enmendado, a los fines de que se incluyan como elegibles a las personas encarceladas”, reza la orden.

Hacienda le indicó al magistrado en una moción que no puede garantizar que el Departamento del Tesoro conteste a la propuesta, ya sea aprobando o denegando la misma. La certificación vence mañana al mediodía.

El togado ordenó a la agencia que emita una certificación detallada sobre la comunicación que ha tenido la agencia con el Departamento del Tesoro federal en cuanto al Plan de Distribución.

Sobre el particular, el DH le suministró a la corte copia de una certificación detallada sobre las comunicaciones que ha tenido la agencia con el Tesoro federal.

Confinado radicó demanda

El confinado Marcel Gabriel Rivera Kon-Kin —quien está ingresado en la institución correccional Bayamón 501 — radicó un ‘mandamus’ contra Hacienda para que se le ordene corregir la información sobre la elegibilidad para recibir beneficios del Cares Act y que establezca un mecanismo para permitirle reclamar la ayuda económica.

El pleito fue presentado por Rivera Kon-Kin en su carácter personal y como miembro de la clase compuesta por las personas privadas de libertad en las cárceles y centros de detención estatales y federales en Puerto Rico.

“Este recurso es necesario ya que es el DH el que tiene el deber ministerial de distribuir los beneficios del Pago de Impacto Económico a todos los residentes de Puerto Rico. Al momento de la radicación de este recurso, el DH no ha adoptado medidas efectivas ni claras para facilitarles a las personas privadas de libertad en Puerto Rico a solicitar dicho beneficio”, reza la demanda, presentada por el abogado Diego Alcalá.

Expone que las personas privadas de libertad también han sufrido una merma económica a consecuencia del cierre de la economía del País, que generó una reducción de oportunidades de empleo a consecuencia de las medidas salubristas adoptadas por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) de Puerto Rico para mitigar el impacto del Covid-19.

Alega que a pesar de que un tribunal federal en California determinó que la retención del beneficio era ilegal, el DH de Puerto Rico continúa ilegalmente reteniéndoles a miles de residentes este beneficio “exclusivamente por su condición de privados de libertad”.