Abel Nazario

El exalcalde de Yauco y senador novoprogresista Abel Nazario es el centro de nuevas indagaciones por parte de las autoridades federales.

Fuentes de EL VOCERO informaron que ayer un gran jurado sesionó en relación a la figura de Nazario.

Las fuentes indicaron que recientemente fueron entrevistados cuatro empleados del Municipio de Yauco.

Varias fuentes indicaron que la pesquisa se relaciona a supuestas irregularidades en la contratación de empleados.

Ayer compareció al gran jurado Kelvin Ortiz Vergara, un supuesto allegado de Nazario.

La abogada del político, María Domínguez, dijo a este medio que no tenía conocimiento de alguna otra investigación sobre su representado.

“Y estamos tranquilos porque Abel Nazario es un hombre honesto y ha sido un fiel cumplidor de las leyes y con el pueblo de Puerto Rico”, expresó Domínguez.

Ni niegan ni confirman

Mientras, el portavoz de prensa del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Luis Rivera Santana, dijo que no podía confirmar si existía o no una pesquisa contra Nazario.

Instó a la ciudadanía a que en caso de tener información sobre la comisión de actos delictivos, se comunique con el FBI al 787-754-6000.

Nazario fue acusado por un gran jurado el 12 de septiembre de 2018 por presuntamente fabricar o utilizar documentos falsos y cometer fraude electrónico desde el año 2013 al 2016.

En mayo de 2013, durante una auditoría rutinaria de los registros del municipio yaucano, la Oficina del Contralor descubrió que los empleados municipales tenían que trabajar dos horas voluntarias por día. Esta irregularidad fue referida a la División de Horas y Salarios del Departamento del Trabajo federal (WHD, por sus siglas en inglés), que determinó que este requisito de trabajo voluntario era una violación de la Ley de Normas Laborales (Fair Labor Standards Act).

En febrero de 2015, Nazario firmó un acuerdo de pago de salarios retroactivos con la División de Horas y Salarios del WHD en el que acordó desembolsar un total de $588,961.43 a 177 empleados municipales. Estos pagos retroactivos incluían el período del 1ro de agosto de 2012 al 31 de julio de 2014.

El acuerdo enumeraba a cada empleado al que se le adeudaba un salario, el monto que se le debía y la fecha en que cada empleado debía recibir el pago.

Asimismo, le daba al municipio hasta febrero de 2018 para completar los referidos pagos.

En agosto de 2016, durante la siguiente auditoría rutinaria de los registros del municipio, la Oficina del Contralor supo que —aunque los empleados habían recibido pagos de lo que se les debía según el acuerdo al que Yauco había llegado con el WHD— el ayuntamiento comenzó a retener los salarios regulares de los funcionarios. Esto sin el conocimiento de estos o el consentimiento del WHD.

Esta nueva irregularidad fue referida a la Oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo federal en noviembre de 2016.

Retención de salario

La Oficina del Inspector General identificó a 30 empleados por contrato del municipio a quienes —a finales de 2016— Nazario había certificado que les habían pagado sus salarios atrasados, como lo estipulaba el acuerdo.

El Inspector General también determinó que a estos 30 empleados por contrato —después de recibir los cheques a los que tenían derecho en virtud del acuerdo— les retuvieron su paga regular durante ciertos periodos por órdenes del acusado. El entonces alcalde les ofrecía distintas excusas sobre por qué estaban recibiendo este dinero y por qué se les tenía que retener el salario.