Ernesto Digregorio

El expresidente de la compañía Ecolift, Ernesto Digregorio, será procesado en la corte federal tras ser acusado de fraude. >Archivo / EL VOCERO

El juez federal Gustavo Gelpí señaló para el 13 de febrero el proceso de selección del jurado que evaluará la prueba contra Ernesto Digregorio y la empresa Ecolift, acusados por participar en un esquema de fraude en $7,704,636 en el proceso de venta del helicóptero adquirido por el Departamento de Salud para ser utilizado como ambulancia aérea.

Así lo informó Gelpí durante una vista de status del caso a la que comparecieron el abogado Francisco Rebollo y el fiscal Edward Veronda.

El juicio en su fondo fue pautado para el 17 de febrero.

El pliego acusatorio afirma que el 24 de marzo de 2014, Ecolift y Digregorio presentaron una solicitud de propuesta a la “Persona A”, que trabajaba en ventas y mercadeo de la empresa Bell Helicopter para la venta “urgente” de un Bell 429 al gobierno de Puerto Rico.

En febrero de 2015, el acusado radicó ante la Agencia Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), un documento para que se le autorizara hacer las modificaciones de la nave. El 16 de junio la FAA le denegó la petición.

El 7 de septiembre de ese año el Departamento de Salud firmó un contrato con Digregorio por $6,750,137 para la compra del helicóptero.

La empresa se comprometió a instalar el equipo por $954,498. Ello, tras haber representado que el helicóptero cumplía con todas las regulaciones de la FAA y que era capaz de operar como ambulancia aérea. La compra total a ser pagada por el Departamento de Salud fue de $7,704,635.

Como parte del equipo a ser instalado figuraban: una cabina que permite al equipo médico a comunicarse con el personal en tierra y con el personal que lo opera; equipo médico, sistema de soporte vital, un matress para transportar pacientes y un radio multi banda para comunicación con los agentes de ley y orden, entre otros.

El documento legal expresa que para el 7 de septiembre de 2016 la empresa no tenía la estructura para que el equipo médico fuera instalado.

Asimismo, se alega que Ecolift no le proveyó a la FAA información requerida como la aprobación para modificaciones de la nave.

“El 22 de diciembre de 2016, Digregorio le entregó al Departamento de Salud un helicóptero con el número de serie 57284. El acusado recibió un total de $7,704,635”, señala la acusación.

Se alega que la nave entregada al Departamento de Salud no podía operar como una ambulancia aérea porque no contaba con la estructura para ser modificada y cumplir con las regulaciones de la FAA.

El pliego alega además que el acusado intentó ocultarle al Departamento de Salud el hecho de que no tenía la autorización de la FAA para efectuar las modificaciones al aparato y que a pesar de esto, se lo vendió al Departamento de Salud. “Como resultado de esto, el helicóptero nunca iba a poder volar como ambulancia aérea”, alega el pliego.

Se alega que los acusados intentaron cometer fraude, afectando el comercio interestatal y que incurrieron en falsa representación, presentación de documentos, récords y certificaciones fraudulentas. El caso es presidido por el juez presidente del Tribunal Federal, Gustavo Gelpí.

La primera acusación del gran jurado contra  Digregorio fue emitida el 23 de agosto de 2017. Por el primer caso el empresario fue acusado por fraude electrónico, fraude de piezas de naves aéreas y cinco cargos por el alegado contrabando de mercancía de Estados Unidos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela, entre la que figura equipo hidráulico.

La fiscalía federal, solicita una confiscación monetaria de $2,209,967, producto del alegado fraude.

La acusación alega que entre el 13 de febrero de 2014 al 17 de septiembre de 2014, el acusado diseñó un esquema para defraudar al gobierno de Puerto Rico en la venta del helicóptero Bell, modelo 429, a la Policía, a fin de obtener dinero mediante representación fraudulenta.