Policía

EL VOCERO/Archivo

 

Aunque la política pública del Negociado de la Policía es de cero tolerancia a la violencia doméstica, en la práctica este manifiesto se quedó corto en 2021, ya que de las 78 instancias en las que agentes fueron imputados de este delito ningún caso prosperó en corte.

De acuerdo con la teniente Aimée Alvarado, directora de la División de Violencia Doméstica de la Policía, son muy pocos los casos radicados contra miembros de la Uniformada que terminan en una convicción. Este reclamo fue sostenido por un informe del exmonitor federal Arnaldo Claudio, que apuntó que de las 99 querellas presentadas contra agentes entre el 10 de junio de 2017 y 31 de marzo de 2018 no se logró una sola convicción.

Brenda Liz Pérez Bahamonde

Brenda Liz Pérez Bahamonde, agente de la Policía asesinada el pasado 27 de enero de 2022. (Suministrada)

De manera similar, otro informe del exmonitor federal para el periodo que comprende del 1ro de agosto de 2018 al 28 de febrero de 2019 apunta a que de las 88 querellas de violencia doméstica contra policías solo se radicaron cargos en 13 casos y solamente un policía resultó convicto.

“En ocasiones no se materializan las imputaciones, ya que no se encuentran los elementos o hay falta de interés por una de las partes. En realidad pueden ser mil cosas”, expresó a EL VOCERO la teniente Alvarado, quien aseguró que todo agente imputado de violencia doméstica, sin importar que prospere o no su caso, es referido a evaluación por parte de la División de Sicología y Trabajo Social y el Programa de Ayuda al Empleado (PAE).

La problemática volvió a quedar al descubierto el pasado jueves, luego de que la agente del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, Brenda Pérez Bahamonde fuera asesinada a balazos en Salinas, en lo que la Uniformada investiga como un incidente de violencia doméstica.

Su expareja, el también policía José Rivera Velázquez, fue acusado ayer por la muerte de Pérez Bahamonde bajo la modalidad de feminicidio y se le impuso una fianza de $2 millones.

La falta de confidencialidad y la ausencia de datos públicos son algunos de los obstáculos que enfrentan las entidades que atienden las situaciones de violencia doméstica en el seno de la Uniformada.

“Esto es un problema social del que nadie está exento, pero tratándose de policías que tienen el deber de proteger vidas y propiedades, la situación se agudiza”, señaló el presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), Diego Figueroa.

Según el líder policiaco, la Uniformada ha implementado varias estrategias para atender las situaciones de violencia doméstica que involucran a agentes, pero a lo largo de los años esto se ha malogrado por una serie de malas prácticas.

“La Policía tiene una unidad de sicología para que el agente que requiera ayuda acuda y en el pasado ha tenido programas para atender violencia de parejas en la academia, donde se enviaban a recibir orientación cuando se identificaban situaciones violentas. Sin embargo, este tipo de programa se dañó porque lo utilizaron como una especie de castigo en vez de una herramienta de ayuda”, destacó Figueroa.

Aunque aseguró que, en la actualidad, la Policía cuenta con suficientes sicólogos, muchas agentes optan por no solicitar ayuda debido a que el proceso carece de confidencialidad.

“Hay una estigmatización a la hora de requerir ayuda sicológica, empezando porque tienes que ir a un cuartel u otra instalación de la Policía y, como parte del protocolo, decir tu nombre y decir en voz alta que vienes a una cita con el sicólogo. Además, una vez comienza el proceso te desarman y te asignan a una función que nadie quiere”, mencionó Figueroa, quien opinó que se debe considerar trasladar los sistemas de ayuda fuera de los edificios policiacos.

Dicha recomendación fue vista con buenos ojos por el portavoz de la Policía, el coronel Pedro Sánchez, quien sin embargo indicó que se han implementado medidas para romper el “mito” de que una visita a la oficina de ayuda represente un desarme automático.

“Estamos llevando a cabo constantemente talleres sobre la prevención de violencia doméstica insertado dentro de estos cursos sobre el desgaste profesional y el manejo de crisis. Ya hemos roto con el mito de que te van a desarmar si acudes al PAE, ya que necesariamente no es así, ya que esto dependerá de una evaluación”, explicó Sánchez.

El agente acusado por el feminicidio de Pérez Bahamonde había sido desarmado luego de que un magistrado expidió una orden de protección en su contra, cuando esta solicitó al tribunal una orden de desalojo para que su expareja se marchara de la residencia de ambos en el sector El Naranjo del pueblo de Salinas. La orden judicial quedó sin efecto en diciembre pasado y el agente fue rearmado.

De difícil acceso las estadísticas

Por su parte, la coordinadora del Observatorio de Equidad de Género, Irma Lugo Nazario, entidad que estuvo colaborando con la Policía en la redacción del recién firmado protocolo de investigaciones de muertes violentas de mujeres, advirtió que es cuesta arriba poder establecer políticas públicas para atender los problemas de violencia doméstica cuando diversas entidades han confrontado problemas a la hora de obtener información estadística referente a los integrantes del cuerpo policiaco.

“¿Cómo se puede hacer un seguimiento de los casos si no hay datos? Es importante exigir una mayor visibilidad de los números porque son personas que tienen que atender y estar expuestos a, precisamente, potenciales situaciones similares de violencia”, recalcó Lugo Nazario.

De manera similar se expresó la directora ejecutiva de Kilómetro Cero, Mari Mari Narváez, quien destacó que el último informe del monitor federal de la Policía reveló varias irregularidades en el manejo de casos de violencia doméstica como carpetas y formularios inconsistentes, archivos desorganizados y una inconsistencia en las técnicas de entrevista.

“Lo que revela el monitor federal en su informe resulta en una contradicción insostenible con la política pública del gobierno de Puerto Rico tras la declaración de un estado de emergencia por violencia de género”, sentenció Mari Narváez, quien exigió “absoluta transparencia” en la información relacionada con la muerte de Pérez Bahamonde, que es el cuarto feminicidio íntimo perpetrado por un policía en los últimos cuatro años, según los datos recopilados por Kilómetro Cero.

Bajan querellas contra agentes

Según las estadísticas ofrecidas por el portavoz de la Policía a EL VOCERO, en los pasados tres años se ha experimentado una leve baja en la cantidad de querellas de violencia doméstica contra agentes, pues en 2019 fueron 103, en 2020 se reportaron 87 y en 2021 hubo 78.

Esto, de acuerdo con el coronel Sánchez, es el resultado de medidas implementadas como el ofrecimiento de talleres que incluyen aspectos de la violencia doméstica de índole laboral, biosicosocial, prevención y aspectos legales.

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