Justicia federal
Justicia federal busca reforzar la confianza pública en los esfuerzos para frenar la vigilancia inconstitucional y abusiva. >Archivo/EL VOCERO

Límite de términos en la contratación y de presupuestos, así como revisiones periódicas de desempeño, son parte de las nuevas reglas que gobiernan a los monitores federales responsables de supervisar las reformas policiales en las distintas jurisdicciones de Estados Unidos.

Así lo dio a conocer el secretario de Justicia federal, Merrick B. Garland, durante un discurso en línea ante la Asociación Internacional de Jefes de la Policía.

Ello luego de que Justicia federal culminara una revisión de cuatro meses a fin de reforzar la confianza pública en los esfuerzos federales para frenar la vigilancia inconstitucional y abusiva, informó el diario The Washington Post.

Desde que el presidente Joe Biden lo designó, Garland ha efectuado investigaciones radicales de “patrones o prácticas” de los departamentos de la Policía en Minneapolis, Louisville y Phoenix. Las investigaciones pueden resultar en una intervención federal, en la forma de un decreto de consentimiento aprobado por el tribunal que establece un plan de reforma detallado.

El artículo indica que los líderes políticos locales, los jefes policiales y los sindicatos encargados de hacer cumplir la ley se han quejado de que los planes a menudo se prolongan durante más tiempo de lo previsto, lo que daña la moral de los policías y frustra a los residentes de la comunidad.

Mayor supervisión a monitores

Según las nuevas reglas descritas en un memorando de nueve páginas de la secretaria de Justicia adjunta, Vanita Gupta, quien supervisó la revisión, los equipos de monitoreo estarían sujetos a límites de término no especificados establecidos antes de su contratación, así como a revisiones periódicas de desempeño por parte del juez federal a cargo.

“Al monitor se le permitiría continuar más allá de los límites de mandato negociados solo mediante una nueva designación del juez”, indica el escrito.

Se establece que los monitores tendrían que cumplir con los estándares federales antes de ser contratados y recibir capacitación una vez en el trabajo. Además, se les restringiría de servir como monitores principales en múltiples localidades simultáneamente.

De igual forma, destaca que después de cinco años el juez llevaría a cabo una audiencia de terminación para determinar si la supervisión federal podría levantarse o, de no ser así, determinar formas específicas para ayudar a la jurisdicción a alcanzar el pleno cumplimiento, dijeron las autoridades.

Otra regla permitiría a Justicia federal y al juez reducir el alcance de los decretos de consentimiento, que generalmente exigen que las jurisdicciones cumplan con cientos de requisitos antes de que se levante la supervisión federal, para hacerlos menos onerosos a medida que las agencias de aplicación de la ley demuestren avances.

En cambio, devolvería una mayor autonomía a las agencias locales en algunas áreas, incluso cuando los monitores federales continúan pidiendo mejoras en otras. Asimismo, se limitarían los presupuestos de los organismos de control.

El artículo destaca que los monitores federales pueden costar millones de dólares, con resultados mixtos. Expone que los equipos de monitoreo, generalmente compuestos por exoficiales policiacos, abogados, académicos y consultores de reforma policial, generalmente han facturado a los contribuyentes locales entre $1 millón y $2 millones por año.

El 14 de mayo de 2019, el monitor federal de la reforma policial en Puerto Rico, Arnaldo Claudio, cesó en su puesto al afirmar “que su ética y moral no me permiten apoyar la utilización de dinero del pueblo de Puerto Rico en pagos de abogados y otras entidades de la reforma”.

Los funcionarios de Justicia federal dijeron que esperan que las nuevas reglas ayuden a las jurisdicciones a sentir que el progreso que logran ha sido reconocido, lo que podría ayudar a mantenerlas motivadas.

Mientras, los grupos encargados de hacer cumplir la ley reaccionaron favorablemente a los cambios.

“Las investigaciones de patrones o prácticas (policiales) son un asunto serio, y si el Departamento de Justicia realiza una investigación de este tipo y encuentra áreas que requieren reparación, entonces es de vital importancia que la reparación se administre de manera efectiva”, dijo James Pasco, director ejecutivo de la Orden Nacional Fraternal de Policía.

Por su parte, Chuck Wexler, director ejecutivo del Foro de Investigación Ejecutiva de la Policía, manifestó que su grupo ha cabildeado durante casi dos décadas para que Justicia federal proporcione una mayor supervisión de los monitores federales.