monitoreo de la Policía
Debido a la pandemia, el monitoreo de la Policía se vio “significativamente” afectado por las restricciones. > Archivo / EL VOCERO

El alto porcentaje de órdenes de registro realizadas con resultado negativo, incumplimiento parcial y la falta de mecanismos para validar los informes sobre el uso de la fuerza, son parte de las preocupaciones del monitor federal de la reforma de la Policía, John Romero, esbozadas en su cuarto reporte que comprende el periodo de octubre de 2020 a marzo de 2021.

Romero aclaró que debido a la pandemia provocada por el covid-19, el proceso de monitoreo se vio “significativamente” afectado por las restricciones.

En cuanto al uso de la fuerza, destacó que la Policía de Puerto Rico continúa sin tener un mecanismo para validar su informe de incidentes en los que se utilizó el uso de la fuerza, ni el número de fuerza utilizada en esas situaciones.

Destaca recomendación ejecutada

Romero destacó que el nuevo comisionado de la Uniformada, Antonio López, dio instrucciones a la unidad de tecnología para que cumplan con la recomendación de rastrear los incidentes.

Indicó además, que durante una visita a la página de la Policía —efectuada el pasado 11 de junio— se percató de que se estaban implementando formularios revisados en un proyecto piloto que involucró al Centro de Mando de San Juan.

Expuso también, que aunque la visita al sitio en internet quedó fuera del periodo de revisión, la implementación del sistema producirá números más certeros sobre el uso de la fuerza.

En cuanto a los registros e incautaciones, señaló que aunque las órdenes de registro generalmente tienen una causa probable bien documentada y prueba de apoyo, y a pesar de que los investigadores son expertos en documentar la causa probable y la evidencia, al preparar las declaraciones juradas continúa un alto porcentaje de órdenes de registro con resultado negativo.

Precisó que más de la mitad de las 414 órdenes de registro que fueron entregadas por la División de Drogas, el 38% —un total de 95— no resultó en contrabando y en consecuencia no se realizaron arrestos.

Detalló que analizó 118 archivos de arrestos seleccionados al azar y calificó 98 como parcialmente conformes o por debajo de lo esperado debido a la falta de formularios aplicables, requeridos bajo la orden general 600-615 de la Policía.

Sobre casos de discriminación

Con relación a la igual protección de las leyes y la no discriminación, Romero indicó que la Uniformada debe continuar desarrollando los procesos de presentación de informes para garantizar que demuestre su capacidad para responder a este tipo de casos de la manera más eficaz y profesional.

Puntualizó que en este periodo la Policía presentó algunos documentos equivalentes a cumplimiento parcial. “No obstante, debido a la documentación incompleta, la Policía no ha podido demostrar su capacidad de comprender estas importantes respuestas policiales. El monitor enfatiza la urgente necesidad de información sobre cómo la Policía está abordando la reciente declaración de crisis de violencia de género durante la pandemia. La Policía no puede detener la agresión sexual o violencia doméstica contra las mujeres”, afirmó.

Sobre el reclutamiento, selección y contratación en la Policía, el monitor determinó que se cumple de forma parcial con el acuerdo de la reforma con respecto a políticas y procedimientos.

Agregó que a pesar de que la Policía ha hecho un esfuerzo para reclutar y contratar personal calificado y desarrollar reclutamiento que promueva prácticas de selección inclusivas, aún queda trabajo por hacer.

En cuanto a la supervisión, el monitor solicitó documentos sobre la capacitación y registros del personal, desempeño de evaluaciones y auditorías de integridad y sobre dotación de personal, y “de una muestra aleatoria de unidades de la Policía, se pudo demostrar que los agentes no asumen funciones de supervisión hasta que son capacitados”.

Apuntó que la Uniformada debe garantizar que se cuente con un número adecuado de supervisores de primera línea calificados, desplegados en el campo para proporcionar la supervisión efectiva necesaria para que los oficiales crezcan profesionalmente.

En cuanto al renglón de las querellas civiles, investigaciones internas y disciplina, añadió que el Programa de Información Pública sobre Querellas y Reconocimientos tiene un mecanismo establecido para solicitar y recibir quejas de denunciantes identificados y no identificados.

Sostuvo que está preocupado por la dependencia de la Superintendencia Auxiliar en Responsabilidad Personal (SARP) por las hojas de entrevistas en las investigaciones. Consideró que estos formularios tienen poco valor y a menudo son presentados por el oficial sin ninguna advertencia sobre las consecuencias si contienen falsedad.

En cuanto la participación comunitaria y la información pública, el monitor concluyó que la Policía ha implantado mínimamente la vigilancia comunitaria.

 EL VOCERO solicitó una reacción a la Policía, pero al cierre de esta edición no se produjo respuesta.