María Mayita Meléndez
Un informe del Contralor determinó que el sistema solar que se contrató por la administración de la entonces alcaldesa María "Mayita" Meléndez, no tuvo utilidad. >Josian E. Bruno Gómez/EL VOCERO

La situación con el uso indebido de fondos públicos asignados a los municipios y que no tuvieron la utilidad que les correspondía no es un caso único de Mayagüez, que esta semana provocó arrestos por las autoridades federales. Tan reciente como en diciembre pasado, el municipio de Ponce tuvo que restituir dinero —mediante un acuerdo— en relación a un proyecto fotovoltaico en La Guancha, que no tuvo utilidad.

De acuerdo con documentos analizados por EL VOCERO, el ayuntamiento de Ponce llegó a un acuerdo con la Fiscalía Federal —agencia que representa al Departamento de Energía de Estados Unidos— para reembolsar $100 mil por mal uso de fondos públicos en el proyecto fotovoltaico, bajo la administración de María “Mayita” Meléndez Altieri.

Este sistema solar, según el informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico M-16-49, no tuvo utilidad.

El acuerdo fue firmado el 28 de diciembre de 2020 por el fiscal Jorge Matos, de la División Civil de la Fiscalía Federal; el abogado del ayuntamiento, Edgar Hernández Sánchez del bufete Cancio, Nadal & Rivera, y Yolanda Cruz Medina, quien sustituyó a Meléndez Altieri por unos días, tras su salida en diciembre.

El acuerdo establece que de los $100 mil, $82,000 fueron por concepto de restitución. Se dispuso un pago inicial de $25 mil que venció el 31 de diciembre de 2020 y un pago final de $75 mil para el 1ro de julio de 2021, que sigue pendiente.

El acuerdo establece que las partes consintieron en que el gobierno federal divulgue el acuerdo de información relacionada al desembolso.

El acuerdo señala que el Municipio de Ponce adjudicó un contrato a una compañía privada para la compra e instalación de un sistema solar fotovoltaico para suministrar energía eléctrica a la instalación municipal La Guancha.

El documento detalla que en octubre de 2012, el Municipio de Ponce acordó reducir el contrato de trabajo con el contratista a $86,665. 

Entre junio de 2011 y diciembre de 2012, el ayuntamiento pagó $82,020  utilizando fondos de la Subvención en Bloque de Conservación y Eficiencia Energética (Eecbg, por sus siglas en inglés).

“El Municipio de Ponce no pagó la diferencia porque el contratista nunca presentó una factura. Los auditores de la Oficina del Contralor encontraron que Ponce no solicitó licitaciones públicas, ni buscó múltiples licitaciones o solicitudes, como lo requieren las reglas de adquisiciones estatales y federales”, reza el acuerdo.

Según el informe de la Oficina del Contralor, además de que el sistema fotovoltaico no tuvo utilidad, se hizo la contratación sin requerirle a la compañía las fianzas correspondientes.

“En inspecciones físicas realizadas por nuestros auditores en junio de 2013 y febrero de 2015, se observó que el sistema solar fotovoltaico no funcionaba. Los funcionarios y empleados indicaron que dicho sistema nunca estuvo en funcionamiento, por lo que no había tenido utilidad”, detalla el informe del Contralor.

Menciona que el ayuntamiento no realizó las gestiones para que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) inspeccionara el sistema para asegurarse de que cumplía con los términos, las condiciones y la reglamentación necesarios para que aprobara y endosara su conexión.

Meléndez Altieri expresó a EL VOCERO que “hay un acuerdo de confidencialidad que firmé y no puedo hablar sobre eso. Esa fue la recomendación del bufete Cancio, Nadal y Rivera. Las placas están puestas, el contrato terminó y no se renovó el contrato”.

Mientras, el alcalde de Ponce Luis Irizarry dijo a este diario que la pasada administración pagó los $100 mil en diciembre pasado.

 El caso en Mayagüez

En el caso de Mayagüez, las autoridades federales arrestaron el martes al exasesor y exjuez Arnaldo Irizarry Irizarry y a otras seis personas, las cuales fueron acusadas por un gran jurado federal por defraudar al municipio y al Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI). La alegación es que los acusados entregaron $9 millones a las firmas de asesoría municipal sobre capital de inversiones y asuntos financieros —Eugenio García Jr. & Associates LLC y a Premier Financial and Investment Group— para recibir un beneficio en rendimiento de interés de entre 8% a 10%.

Según el pliego acusatorio, entre agosto de 2014 a enero de 2016, el municipio recibió $8,761,839 provenientes de resoluciones legislativas, con el propósito específico de realizar renovaciones en el Centro de Trauma del Centro Médico en Mayagüez.

El responsable por el uso indebido de los fondos —según la opinión de analistas consultados y publicado ayer por este medio— se adjudica al alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, por haber destinado la mayor parte de esos fondos públicos a inversiones riesgosas, que no era el propósito de la asignación original.

El alcalde de Mayagüez no ha contestado las múltiples solicitudes de este medio para ser entrevistado sobre este asunto.