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Justicia recomendó la designación de un FEI con el fin de investigar posibles violaciones al Código Penal por parte de Maldonado Gautier. > Archivo / EL VOCERO 
 

 La próxima semana los tres miembros del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) tendrán su primera reunión con relación al referido del Departamento de Justicia que recomienda que se nombre un FEI para investigar posibles violaciones de ley cometidas por el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier.

Esto por el presunto otorgamiento irregular de un contrato a Risco Insurance, una compañía de Javier Jiménez Galarza, quien es hijo del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez.

“Luego de que los miembros del panel recibamos el informe y aquellos documentos que consideremos de importancia dentro de las cajas, los miembros del panel vamos a estudiar esto. En este momento el informe está bajo la jurisdicción de la secretaría del panel, que es el equivalente a la secretaría del tribunal. La próxima semana los miembros del panel recibiremos los documentos”, detalló la presidenta del PFEI, Nydia Cotto Vives, a EL VOCERO.

Destacó que una vez hayan leído el récord, se convocará una reunión en la que se tomará la decisión de si se nombra o no un FEI.

Indicó que la ley no establece un término para llegar a una determinación.

Observó, además, que regularmente, después de que se entrega el informe, se toma la decisión en un lapso de dos a tres semanas.

Falta gestión de Justicia

De igual forma, Cotto Vives precisó que el Departamento de Justicia tiene que, por lo menos, enviar una declaración jurada de la posibilidad de que se haya cometido delito.

“Si no incluye una declaración jurada que impute delito, el panel por ley está imposibilitado de nombrar un FEI. Salvaguardando de que por lo menos tiene que venir una declaración jurada que impute delito, entonces vamos a ver cuál es la prueba que se pueda conseguir y entonces viene un análisis de los miembros del panel, si se nombra o no un FEI”, explicó.

En cuanto a la designación de los fiscales especiales a cargo de los casos, Cotto Vives señaló que se hace de acuerdo con la carga de trabajo que estos tengan y que su agenda no vaya a confligir con los casos señalados para juicio y con los términos investigativos.

“Se hace teniendo presente que solo tenemos siete fiscales, que tenemos una serie de vistas preliminares pendientes y que tenemos juicios pendientes y hay investigaciones en curso que son voluminosas”, comentó.

Entre los casos para juicio, mencionó el del excomisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), Carlos Acevedo, con relación al hallazgo de suministros en un almacén en Ponce; el del exfiscal Joseph Esparra, acusado por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, soborno y destrucción de evidencia y el del expresidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Uroyoán Walker. También el del exrector del recinto de Río Piedras de la UPR, Carlos Severino, ambos acusados por irregularidades en el otorgamiento de las becas presidenciales.No se auditó contrato

Por su parte, la contralora Yesmín Valdivieso señaló que su oficina no auditó el contrato otorgado por Hacienda a Risco Insurance.

“En el 2017 acababa de ver 48 auditorías de corrido. Estábamos trabajando con un montón de investigaciones, era desvestir un santo para vestir otro… Para eso están las auditorías internas, recuerda que estuve en Hacienda y se supone que el área de Seguros Públicos siga unos procedimientos y en la medida en que no los hayan seguido, ellos no cumplieron con los propios procedimientos que ellos definieron”, explicó Valdivieso.

Sobre si habló con Maldonado Gautier cuando trascendió el otorgamiento del contrato de cerca de $1 millón a Risco Insurance, mencionó: “Recuerdo que para el 2017 y 2018 hablábamos mucho con Maldonado no solo porque era secretario de Hacienda, sino porque después fue secretario de la Gobernación y si yo encontraba algo en una agencia tenía que discutirlo con él. Y no solo eso: después se convirtió en el principal oficial financiero, teníamos la Junta de Supervisión Fiscal en todo su apogeo. Así que sí me reuní varias veces en aquellos años sobre este asunto. Estoy segurísima de que lo hablamos, lo comentamos, me reúno con muchísima gente todo el tiempo y si dije que iba a hablar con él sobre eso, lo tuve que haber hablado”, acotó.

Por su parte, al referirse al caso del extitular de Hacienda, el gobernador Pedro Pierluisi afirmó que la ley aplica a todos por igual y que confía en el FEI.

El contrato de Risco Insurance con Hacienda, firmado el 1 de abril de 2017 por Maldonado Gautier y Jiménez Galarza, fue para la contratación de algunos seguros del gobierno, así como para manejar las reclamaciones que se presentaran bajo las pólizas concernidas.

“El productor reitera que todas las representaciones hechas a Hacienda son certeras y hace constar que tiene las cualificaciones necesarias, preparación, experiencia y recursos para realizar las funciones que son objeto de este contrato”, reza el documento.

El contrato fue firmado a pesar de que Risco Insurance no cumplía con los requisitos de licitación. Tampoco tenía la licencia de productor de seguros ni como individuo, ni de la corporación como requería Hacienda.