Posponen para febrero 2021 el juicio contra Julia Keleher

Luego de escuchar los argumentos de las partes, el juez federal Pedro Delgado denegó esta tarde la petición de la defensa de Julia Keleher y los restantes acusados para que el juicio se celebrara fuera de Puerto Rico y que se modificara la orden de mordaza.

El juez acogió la solicitud del abogado de la coacusada Glenda Ponce y de los abogados de Keleher para que el proceso judicial se celebrara después de las primarias y de los comicios generales, por lo que fue señalado para febrero de 2021.

La defensa solicitaba que el juicio debía ser trasladado a otra jurisdicción, al argumentar que la publicidad excesiva del caso ha provocado que la ciudadanía ya tenga una opinión formada sobre la culpabilidad contra los acusados, por lo que se violaría sus derechos constitucionales de tener un juicio justo y de conseguir un jurado imparcial.

“Luego de revisar todas la mociones suplementarias y de estudiar la jurisprudencia, las mociones son denegadas”, afirmó el juez.

En cuanto al cambio de fecha, citó jurisprudencia sobre el caso contra Angel Pérez Casillas —artífice de los asesinatos en el Cerro Maravilla— y en el caso contra el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá —acusado por irregularidades en sus donativos políticos— los jueces Carmen Consuelo Cerezo y Paul Barbadoro respectivamente, movieron los juicios hasta después de las elecciones.

En cuanto a la petición del cambio de jurisdicción, Delgado expuso “la imparcialidad del jurado no requiere ignorancia y no prueba prejuicio”. Manifestó que en Puerto Rico hay 3.4 millones de personas, por lo que se puede conseguir un jurado imparcial.

Sobre la solicitud para modificar la orden de mordaza, el juez instruyó a las partes a que le pidan autorización cuando necesiten expresarse.

Los abogados Abbe y Lowell, María Domínguez, quienes representan a Fernando Scherrer y Julia Keleher respectivamente, plantearon que debido a la naturaleza insular y compactada de la Isla, no hay nada que se pueda hacer para que los acusados tengan un juicio justo en Puerto Rico.

“Juez, ¿cuántos casos usted ha presidido en lo que los abogados tengan que excusar a sus clientes de acudir a una vista porque tienen miedo por su seguridad?”, le cuestionó Lowell al juez.

La defensa de Keleher comisionó una encuesta a la empresa estadounidense Decision Quest Inc., para conocer el sentir de un grupo de ciudadanos sobre el caso.

Expuso que la encuesta reflejó que el 85% de los participantes está familiarizado con el caso; el 77% considera que todos los acusados son culpables; el 73% piensa que la evidencia contra estos es fuerte; el 62% sabía los nombres de los acusados; el 75% ha revisado las alegaciones del caso a través del Internet y discuten el caso a través de esta plataforma.

Asimismo, precisó que entre el 68% al 69% expresó tener coraje contra los acusados porque piensan que estos se beneficiaron económicamente y le hicieron daño al pueblo; que el 67% opina que cualquier persona asociada a la administración Rosselló es corrupta y que el 70% piensa que todos los contratos de la compañía de asesoría financiera BDO son corruptos.

Lowell planteó que los artículos de prensa afirman erróneamente que los acusados recibieron sobornos.

Entretanto, Domínguez afirmó que “cuando Julia Keleher vino a este distrito (a la vista formal de lectura de cargos) lo que vi nunca lo había visto en los 34 años como abogada en el foro federal y en los 25 años que fui fiscal federal… Julia Keleher contrató seguridad como medida de protección ante la multitud que había al frente (del tribunal federal) que querían ajusticiarla…le halaron el pelo y le dieron un puño en el estómago. Se tomó la decisión sin precedentes para que saliera por la parte posterior del edificio… la acusaron de pilla”.

“Para qué arriesgarnos a celebrar el juicio en esta Isla donde no tendrán un juicio justo?”, cuestionó la exfiscal. “A nuestra cliente se le presume culpable”, acotó.

Planteó que en su experiencia en el caso de Acevedo Vilá los jurados no dicen lo que sienten durante el proceso de desinsaculación del jurado.

Mientras, el abogado del contratista Alberto Velázquez Piñol, Edgar Vega comentó que en los años que lleva litigando casos de corrupción en este tribunal “nunca había visto un caso como lo describe la licenciada Domínguez…no puedes ni siquiera ir a una cafetería sin ser atacado por manifestantes.

Por su parte, Juan Matos, abogado de Glenda Ponce apuntó que la abrumadora publicidad afecta a su cliente.

“Glenda Ponce y su hermana (Mayra Ponce) son son figuras públicas. Son dos ciudadanas privadas de las que nadie sabía. Pero, como como resultado de la publicidad se ha afectado mi cliente”, dijo Matos. Comentó que la segunda acusación contra Keleher también afecta a su representada.

Destacó que el juicio fue señalado a un mes de las primarias y a seis meses de los comicios generales, por lo que propuso que la fecha fuera cambiada. Ese juicio en medio de las primarias estará en constante discusión”, apuntó Matos.

De otro lado, Jason González abogado de la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Angela Avila, mantuvo que la encuesta reflejó que los participantes están molestos con los acusados sin tan siquiera haber escuchadlo lo que el gobierno tiene de prueba contra estos.

Por su parte, el fiscal José Capó insistió en que el juicio se celebrara en la Isla, al exponer que el proceso de “voir dire” asegura la imparcialidad del jurado.

Cuestionó la metodología y validez de la encuesta de Decision Quest contratada por la defensa. Señaló que la misma fue basada en llamadas telefónicas y a través del Internet a 300 personas. “No es un un método confiable para obtener información”, dijo.

Minimizó las denuncias sobre los actos de agresión contra Keleher al afirmar que todos los 1 de mayo frente al Tribunal Federal se efectúan protestas por parte de ciudadanos en contra del gobierno federal en la Isla y que en ocasiones han agredido a agentes de ley y orden.

Sobre las protestas frente al Tribunal Federal, Lowell le respondió “o sea, que está bien tener esas emociones, golpear y estar prejuiciados contra los acusados”.

En cuanto a la encuesta afirmó que el propio gobierno ha contratado en múltiples ocasiones a la mencionada firma encuestadora.

Sobre la orden de mordaza Lanny Davis, uno de los abogados de Keleher pidió sin éxito al juez que la enmendara para poder corregir a los medios de comunicación cada vez que publiquen información incorrecta o falsa.

Aseguró que sería él y no Keleher, quien haría las expresiones a los medios.

Indicó que el ministerio público hace conferencias de prensa cuando se emiten acusaciones pero, a la defensa no se le permite aclarar informes de prensa.