Sandra Torres

Enfrenta dos cargos por violaciones al Código de Ética Gubernamental y un cargo por violación al artículo 252 del Código Penal.

La vista preliminar contra la expresidenta del Negociado de Telecomunicaciones (NET), Sandra Torres López, fue pospuesta, luego de que su representante legal pidió a la jueza Alexandra Rivera tener acceso a su antigua oficina, a fin de preparar su defensa.

La magistrada señaló para el 28 de abril una vista de status del caso y ordenó la comparecencia de algún empleado del NET, para determinar si accede a la petición.

Los fiscales cuestionaron la pertinencia de la defensa con relación a este caso.

De otra parte, los fiscales Leticia Pabón, Ramón Mendoza y Juan Catalá, justificaron la inmunidad otorgada a la exrecaudadora de la campaña del otrora gobernador Ricardo Rosselló Kathy Erazo.

“Deben esperar que se vean los procesos, que se establezca cuál es la verdad”, dijo Mendoza a Telenoticias.

El pasado 8 de abril la jueza Lilian Blanco encontró causa para arresto contra Torres López por presuntamente recaudar dinero de manera ilegal para la campaña del exgobernador Ricardo Rosselló.

Específicamente, Torres López le habría exigido a un exayudante de la agencia vender boletos de $1,500 para una actividad de recaudación de fondos.

Torres López enfrenta tres denuncias, dos de ellas por violaciones a los artículos 4.2 (b) y (m) de la Ley de Ética Gubernamental y la otra por infracción al artículo 252 del Código Penal. Estos artículos disponen que un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley.

Asimismo, establecen que un servidor público no puede, mientras se encuentre en funciones de su trabajo, exigir o solicitar a los demás servidores públicos que hagan contribuciones económicas o que empleen de su tiempo para realizar o participar en una actividad política.

De otra parte, el caso contra el exrepresentante en la Cámara Guillermo Miranda Rivera, quien enfrenta cargos por violación a la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas, está en la etapa final de un acuerdo, supo este medio.

Como parte del acuerdo, el acusado tendría que pagar una multa ante la Oficina del Contralor Electoral, para que el Fiscal Especial Independiente (FEI),  reclasifique los cargos.

Hoy se suponía que se celebrara el juicio en su contra, el cual fue suspendido. La jueza Eloína Torres, señaló para el 8 de junio la próxima vista de status.

Miranda Rivera renunció a su escaño en octubre de 2019 luego de que una empleada presentó una querella contra el expolítico por no comprar dos libretas de boletos para su campaña política.

La venta de boletos se efectuó en horas laborables.