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La principal oficial de compras del gobierno, Karla Mercado y el designado secretario de Justicia, Domingo Emanuelli. >Carlos Rivera Giusti/EL VOCERO

 

Aunque en el gobierno hubo funcionarios de distintas agencias que intervinieron en el proceso de compra y desembolso de $224,100 para la adquisición en 2018 de una guagua blindada bajo la administración de Ricardo Rosselló, el Departamento de Justicia anunció ayer la radicación de una demanda en el Tribunal de San Juan contra la empresa Texas Armoring Corporation (TAC), por nulidad del contrato y cobro indebido al gobierno de Puerto Rico.

El designado secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, afirmó que este es uno de los primeros pasos de índole civil que da el gobierno, y advirtió que investigarán si hay responsabilidad de índole criminal de alguno de los funcionarios que participaron en la compra de la guagua blindada marca Chevrolet, modelo Suburban de 2018. El funcionario celebró la radicación de esta demanda en sus primeros dos meses en la agencia.

En el proceso de compra estuvo involucrada la Administración de Servicios Generales (ASG), el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y La Fortaleza.

“Es una transacción que entendemos que es nula y que procede la devolución del dinero que se pagó por una guagua que nunca se entregó. El 26 de febrero de este año se cumplieron tres años desde que se adquirió la guagua y hoy —a menos de dos meses desde que este funcionario asumió la posición de Justicia, y a un mes de haber recibido un referido de la ASG por la compra de la guagua— se ha presentado por el Departamento de Justicia una demanda”, expresó Emanuelli.

Solicitan devolución del dinero

Justicia solicitó ante el tribunal la cancelación del contrato de compra —por no cumplir con los requisitos legales de contratación del gobierno de Puerto Rico— y que TAC devuelva los $224,100, además de los intereses, costos y gastos legales asumidos para la compra del vehículo. Igualmente, la demanda busca la nulidad de la selección de foro, para que la misma se ventile en Puerto Rico y no en Texas, sede de TAC.

Emanuelli enfatizó que aunque se desembolsó la totalidad del costo del vehículo blindado de los fondos públicos del gobierno, hasta la fecha la guagua no ha sido entregada. Se desconoce si TAC comenzó el ensamblaje del vehículo y si se encuentra en las instalaciones de TAC en Texas. “Creo que este país se ha sentido humillado en la forma y manera en que se le ha tratado por los vendedores de la guagua... a Puerto Rico se le trató de dar un timo con la compra de esta guagua y no lo vamos a permitir”, afirmó Emanuelli, quien señaló que el recurso legal surgió luego de que la ASG refiriera a Justicia dicha compra.

Investigarán a exfuncionarios 

El secretario confirmó que ya comenzó la investigación que puede terminar en acciones administrativas o criminales contra los entonces funcionarios que intervinieron en el proceso de compra. “La investigación la llevó a cabo la ASG y nosotros (Justicia) comenzamos la investigación para el caso civil y estamos ahora comenzado una investigación en el aspecto criminal, que va a estar sujeto también a lo que surja a nivel de la investigación de ASG”, informó a preguntas de EL VOCERO.

Karla Mercado, la principal oficial de compras del gobierno, expresó que “esto es un paso de toda la investigación como tal. Ciertamente, hubo funcionarios que participaron en el proceso y se va a determinar si hay alguna responsabilidad administrativa o de otra índole que vaya a ser referida al Departamento de Justicia”.

Mercado mencionó que como norma general el gobierno no da pagos por adelantado, aunque hay unas excepciones que debe autorizar Hacienda. Esta compra, según informaron los funcionarios, no cumplía con los requisitos para que se les pagara por adelantado.

La demanda menciona que en noviembre de 2019 TAC envió fotos al DSP de un vehículo Cadillac Escalade que —según los oficiales de la empresa— era similar a la Chevrolet Suburban que había comprado el gobierno. Los reclamos del gobierno a TAC, por la tardanza en la entrega del vehículo, iniciaron en el DSP y luego siguieron en la ASG cuando se le ordenó hacerse cargo de terminar el proceso.

Fue Mercado quien confirmó que TAC le mostró al gobierno una camioneta distinta a la adquirida por el gobierno. “Eso es así, y todavía al sol de hoy no podemos confirmar si el vehículo está terminado, si está completo y no han sido responsivos. Incluso, sin tomar en consideración que se le desembolsó la totalidad”, agregó.

La ASG y el Departamento de Hacienda gestionaron la transacción para un primer desembolso de $165,950 entre el 26 de febrero y el 1ro de marzo de 2018. Luego, el 25 de octubre de 2018 desembolsaron $58,150, indica la demanda. El recurso legal refleja que desde mayo de 2019 hasta 2020 el gobierno hizo múltiples intentos para comunicarse con TAC y obtener detalles de la entrega de la unidad, pero no tuvo éxito.

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Periodista destacada en la Legislatura de Puerto Rico.