Departamento de Estado

Elmer Román, secretario del Departamento de Estado.

La Comisión Especial de la Cámara para la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico ante una Emergencia radicó un primer informe de la pesquisa sobre el almacén encontrado en Ponce durante la emergencia por los terremotos ocurridos en enero pasado en el suroeste de la Isla.

Ese cuerpo se disponía anoche a recibir el informe antes de que terminara el último día de sesión ordinaria del cuatrienio en el Capitolio. Luego de recibirlo en el pleno, se formalizarían los referidos a las agencias pertinentes. 

El informe de 70 páginas refiere a la secretaria del Departamento de Justicia, Dennise Longo Quiñones a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) y a la agencia que dirige.

Señala que el referido a Longo Quiñones es por “la posible comisión del delito de perjurio por las expresiones vertidas bajo juramento ante la comisión especial”. 

En la vista pública sobre el almacén de Ponce, esa funcionaria se negó a entregar el informe preliminar que preparó el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) sobre los sucesos que provocaron que no se activara a tiempo esa instalación, lo que generó polémica en medio de los terremotos en la zona suroeste. Ante esto, la Cámara tuvo que recurrir a los tribunales a pedir la entrega del documento interno del NIE.

Longo Quiñones reconoció la facultad de la Legislatura para investigar conforme a la Constitución de Puerto Rico, aunque estableció tajantemente que existen criterios de confidencialidad en toda pesquisa que cursa la agencia.

Dennise Longo Quiñones

Dennise Longo Quiñones, secretaria de Justicia. 

“Sobre dicho argumento, volvemos a indicar que la postura de esta comisión es que el informe en cuestión es un documento público que el gobierno tenía la obligación de divulgar. El informe no contiene materia privilegiada importante alguna que conlleve mantener su confidencialidad”, lee el informe.

Igualmente, la comisión especial incluye un referido del secretario del Departamento de Estado, Elmer Román, al Departamento de Justicia “por la posible comisión de perjurio por las expresiones vertidas bajo juramento ante la comisión especial”.

“Las contestaciones vertidas por Román a los miembros de la comisión especial demuestran una total falta de cooperación con los trabajos legislativos. Su negativa a contestar preguntas sobre el contenido del informe preliminar demuestra que su intención era ocultar información esencial a la comisión especial y al mandato legislativo contenido en la Resolución de la Cámara 1696”, expone el documento.

Señala, además, que Román indujo a error a la comisión tras testificar que el almacén de Ponce no se había utilizado durante la emergencia sísmica.

Incluyen al jefe del NIE

También refieren al comisionado del NIE, Héctor López Sánchez, por la posible comisión del delito de perjurio.

Tanto Román como López Sánchez se negaron a proveerle a la comisión cameral la información que contenía el informe administrativo que ordenó la gobernadora Wanda Vázquez y que hoy se encuentra en poder de Justicia.

Los hallazgos preliminares de la pesquisa cameral, según el informe, también serán referidos a la Oficina de Ética Gubernamental y a la Oficina del Contralor.

La controversia por el almacén de Ponce fue la justificación que utilizó el Ejecutivo para despedir al entonces comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), Carlos Acevedo; a la secretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar y al secretario del Departamento de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat.

Sin embargo, los funcionarios del Ejecutivo no pudieron sustentar en vistas públicas los motivos para despedir a estos funcionarios. 

Periodista destacada en la Legislatura de Puerto Rico.